El CGPJ estudia si le quedan resquicios para nombrar y paliar así el bloqueo

Empezando por esto último, la eventual modificación por el Consejo de Ministros de una ley de la trascendencia del Código Penal requeriría, como otras comparables, del informe preceptivo aunque no vinculante del CGPJ. Es decir, de este Consejo, en el supuesto de que socialistas y populares mantengan las espadas en alto y continúen sin ejecutar el mandato constitucional para renovar en tiempo y forma el órgano de dirección de la Magistratura, cuyos vocales se encaminan a una década en sus cargos. La crisis creada ya es inédita.

Pero la extravagancia se vería agudizada si ese mandato se prolonga no ya hasta el término de la legislatura previsto para dentro de un año, sino hasta que se conformara el futuro Ejecutivo, con lo que los miembros del CGPJ pasarían más tiempo en interinidad que en el cumplimiento de sus funciones en plazo legal. En medio de esta excepcionalidad, la guinda sería que este Consejo tuviera que evaluar una hipotética reforma de la sedición, la piedra en el zapato que ha reventado las conversaciones entre el Gobierno y el PP sobre la propia actualización del órgano consultivo.

Ello, con todo, resulta anecdótico, aunque dé la medida del enredo en que se encuentra el orden institucional por el colapso al que se asoma el tercer poder del Estado por culpa de las desavenencias partidarias. Lo nuclear ahora, ante el desgaste al que está siendo sometido el CGPJ -los vocales no ocultan su inquietud por el descrédito que amenaza al órgano-, es que el gobierno de los jueces encuentre el modo de paliar los efectos de un bloqueo que le ha desposeído de sus facultades para efectuar nombramientos, salvo los dos del Tribunal Constitucional pendientes. Y que está maniatando al Supremo con ya 800 sentencias acumuladas sin dictar.

Abocados a un callejón sin fácil salida mientras persista el disenso entre el Ejecutivo y el PP, el CGPJ encabezado por Rafael Mozo explora ya respuestas para intentar anticiparse en lo posible y contrarrestar el colapso que se avecina. Han urgido ya públicamente a buscarlas los vocales del sector conservador, al tiempo que apelaban al Gobierno con el objetivo de que les devuelva la capacidad plena para cubrir las vacantes pendientes. Según las fuentes consultadas, uno de los resquicios legales a los que podría acogerse este CGPJ pasaría por aplicar el criterio de «unidad de procedimiento» como «fórmula factible» para hacer prosperar los nombramientos con aquellos candidatos que estaban enfilados y cuya elección ya solo debía pasar por el pleno. En ese presupuesto podrían entrar, citan los medios consultados, varios magistrados del Supremo.