El CGPJ justifica que el fiscal general hizo un uso «espurio» de su poder para nombrar a Delgado

Una designación que fue anulada la semana pasada por el Tribunal Supremo al considerar que se había producido una «desviación de poder» por parte del fiscal general a la hora de tomar esta decisión, ya que no valoró los criterios de mérito y capacidad del otro fiscal que aspiraba a la plaza en la Sala de lo Militar del alto tribunal, Luis Rueda, quien impugnó el nombramiento de Delgado.

El informe no vinculante conocido este viernes, que fue aprobado ayer por el Pleno del Consejo con el voto favorable de ocho vocales contra siete y una abstención, sostiene que la mencionada sentencia del Supremo, dictada por la Sala de lo Contencioso el pasado 21 de noviembre, «anula el nombramiento con el argumento tan evidente como acreditado de que en el mismo se había incurrido en el vicio de desviación de poder».

Y añade que la Sala sentenciadora, atendiendo a la prueba, zanja «que la potestad de designar a la nueva fiscal de Sala no era propiamente hacerlo en quien concurrían los mejores requisitos de mérito y capacidad, sino en un a modo de gratitud del candidato propuesto hacía la designada y en correspondencia con un pretendido deber institucional, pese a reconocer que dicho nombramiento no era el legalmente procedente, como se razona con suficientes argumentos en la sentencia».

Tras el análisis de la resolución de la Sala del Supremo presidida por el magistrado Pablo Lucas -el mismo que firmó la sentencia que el jueves anuló también el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir los requisitos de jurista de reconocido prestigio-, el informe del CGPJ concluye que «no parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al Fiscal General del Estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento».

Pero el informe avalado por los vocales conservadora del Consejo, que el próximo lunes cumplirá cinco años en funciones por el bloqueo parlamentario para su renovación, explica además que García Ortiz ha impuesto criterios erróneos para la aplicación de la polémica ley del 'solo sí es sí' y denuncia su «inactividad» para defender a los fiscales que juzgaron el 'procés' en el Supremo ante las acusaciones de 'lawfare' (guerra judicial) en Cataluña.

El informe refiere igualmente al nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala coordinador de la Unidad de Menores, que se llevó a cabo a propuesta de Delgado cuando era fiscal general, pero que fue anulado por segunda vez por el Supremo el pasado julio, ya con García Ortiz al frente del Ministerio Público.

En este sentido, le acusa de haber «demorado la ejecución de la sentencia firme» durante «más de cuatro meses». «Y ello sin contar que, en su cómputo global, se ha permitido que durante más de tres años y medio haya venido desempeñando la importante plaza de fiscal de sala quien por dos veces se ha considerado inidóneo».

En términos generales, la mayoría del CGPJ también señala que la actuación del fiscal general «adolece, cuando menos, de falta de transparencia y coherencia», reprochándole en particular que se haya promocionado mayoritariamente a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto él como Delgado, y que ha conseguido 22 de los 33 cargos adjudicados en este año.

Sobre las acusaciones de 'lawfare' contra los fiscales del 'procés' y su petición de amparo, el órgano de gobierno de los jueces denuncia que «en los últimos meses la Fiscalía ha sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial, ataques mendaces se han vertido sobre miembros de la carrera fiscal que han intervenido en los procesos referidos al, eufemísticamente denominado, 'conflicto catalán'».

Por último, el CGPJ refiere que entre las competencias del fiscal general está imponer criterios de actuación y que el fijado para la conocida como ley del 'solo sí es sí', «de tan convulsa vigencia como de fuerte polémica social y jurídica», sufrió una «importante corrección por los tribunales y por el mismo Parlamento». En este punto, recuerda que el criterio impuesto, contrario al que se sostenía por la mayoría de las fiscalías, ha sido considerado «improcedente» por la jurisprudencia de la Sala Segunda del Supremo, que el pasado junio avaló las rebajas de pena en aplicación de la ley más favorable al reo.