El CGPJ insta al Congreso a llevar la reforma socialista a Europa

Por diez votos contra siete (otros dos vocales más votaron en blanco), la mayoría de consejeros del sector conservador han logrado su objetivo de sacar adelante su propuesta para que el CGPJ tenga protagonismo en la contrarreforma que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Se trata de una modificación de la Ley Orgánica para devolver al Consejo la facultad de realizar los nombramientos judiciales de los dos magistrados que le competen del Constitucional (los otros dos corresponden al Gobierno hasta completar el cambio de un tercio de los integrantes de la corte de garantías).

A día de hoy, el órgano de gobierno de los jueces tiene vetada por ley esta capacidad de llevar a cabo los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales al estar en funciones. Una reforma de marzo de 2021 que fue impulsada precisamente por los dos grupos parlamentarios -PSOE y Unidas Podemos- que forman parte del Ejecutivo.

El acuerdo del CGPJ ha sido adoptado con el voto a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.

Han votado en contra los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Mientras que los vocales Enrique Lucas y Vicente Guilarte han votado en blanco.

El texto del acuerdo considera que la proposición de ley trata de evitar las «dificultades» que entraña la renovación de los órganos constitucionales. Una justificación que resulta «contradictoria e incoherente», ya que tan órgano constitucional es el Constitucional como lo son los juzgados y tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial cuyo superior, en todos los órdenes, es el Supremo.

Añade el acuerdo que el «grave perjuicio» que se está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia ha sido puesto de manifiesto con reiteración por el CGPJ, particularmente en relación con el Supremo, cuya Sala de Gobierno adoptó un Acuerdo el pasado día 27 de junio de 2022 en el que se denuncia su situación actual.

El texto recuerda que el Gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ, mientras que para las proposiciones de ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria. No obstante, el principio de «interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del TJUE impone que, cuando la proposición de ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial «debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ».

El cumplimiento de los estándares europeos perfilados en esas recomendaciones y otros textos previos del Consejo de Europa pasa por que el CGPJ pueda informar sobre la iniciativa legislativa a la que se refiere el presente acuerdo, y que puedan hacerlo también las restantes instituciones y sectores implicados, señaladamente, y conforme a las recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia).