El CGPJ se conjura para elegir presidente antes de que el Rey abra el curso judicial

En su última reunión, celebrada el 5 de agosto, los vocales -diez elegidos a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y otros tantos del Popular- acordaron que no volverían a abordar este tema hasta que no alcanzasen un consenso. Por lo tanto, está por ver si en el pleno de hoy llegan con los deberes hechos tras casi un mes de negociación estival.

El denominado bloque progresista se mantiene firme en la necesidad de situar por primera vez a una mujer de dicha sensibilidad en la presidencia del CGPJ. Su apuesta es la eterna aspirante Pilar Teso, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Esta magistrada empató a votos con el favorito del grupo conservador, Pablo Lucas, de la misma sala y juez de enlace del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Supremo. Su nombre salió a la palestra por la autorización de la intervención de los móviles a los líderes independentistas catalanes tras el 'procés' de 2017. Un asunto que le costó el puesto a la directora del CNI Paz Esteban.

Aunque el sector conservador puso encima de la mesa otras opciones diferentes a Lucas, como las magistradas Carmen Lamela y Esperanza Córdoba, también del alto tribunal, sus nombres tampoco suscitaron consenso pese a que cumplían con la cuota de género que reclaman los progresistas. Para sortear el bloqueo, al menos dos vocales de uno de los dos grupos tendrían que ceder para llegar a la mayoría reforzada de 12 votos necesaria.

Las espadas están en todo lo alto y, ya sea el binomio Teso-Lucas u otro candidato fuera de la lista de siete magistrados, la necesidad del acuerdo se hace imperativa para no agravar la crisis reputacional del Consejo. Un órgano constitucional que está lastrado por los cinco años y medio que estuvo en interinidad (récord en democracia) por culpa del bloqueo parlamentario de PSOE y PP y que ahora asiste incrédulo a otra parálisis, pero esta vez por el desacuerdo entre sus consejeros al mes escaso de jurar o prometer el cargo ante el Rey.

En el punto de partida de la elección de hoy seguirán los magistrados Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Pero no se descarta otro nombre de consenso para desencallar la situación.

«Los nuevos vocales transmiten una imagen de falta de flexibilidad. En otras ocasiones, los partidos designaban la presidencia de antemano, algo que no contempla la ley. Pero ahora que los consejeros tienen la libertad de decidir no aprecian su relevante posición y juegan con la reputación de los candidatos», lamenta un magistrado del Supremo que descartó entrar en la terna de aspirantes. «Antes de proponer nombres habría que establecer perfiles profesionales y méritos personales, así como un mecanismo para solucionar los empates. Esta extensión de la pugna parlamentaria no augura nada bueno. Destila tacticismo corporativo», reflexiona otro integrante del alto tribunal consultado.

Este bloqueo evidencia también la relevancia que los dos sectores dan a la figura encargada de dirigir una institución que maneja un presupuesto cercano a los 80 millones de euros y que se encarga de elegir a los altos cargos de la carrera y de sancionar las infracciones de los jueces.

Además, el presidente tiene un peso específico en el funcionamiento del Consejo. Cuenta con el voto de calidad en caso de empate en los plenos o de alcanzar una mayoría reforzada para los nombramientos de jueces (existen más de un centenar de plazas pendientes de cubrir, con 26 vacantes solo en el Supremo, el 30% de la plantilla). También dirige la Comisión Permanente, órgano ejecutivo, y tiene el control sobre los tiempos, los asuntos a tratar y la facultad para designar a los ponentes de los informes sobre leyes. Los 20 vocales deciden hoy si perpetúan el bloqueo o hacen borrón y cuenta nueva.