El CGPJ archiva la diligencia abierta contra la juez Alaya tras la queja del Consejo Fiscal

En aquel encuentro la magistrada, que instruyó el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercasevilla o el caso Betis, aseguró que las «presiones» que dice haber sufrido son «absolutamente comprobables» en las hemerotecas y que son los políticos quienes «utilizan a los medios para presionar al poder judicial». También criticó la elección del fiscal general del Estado por parte del Gobierno porque puede ser escogido «por afinidades políticas» y, por tanto, podría incurrir en «seguir directrices de partidos políticos».

Además, Alaya señaló que atribuir a la Fiscalía la investigación de los procedimientos por corrupción sería «como tener al lobo metido dentro del gallinero».

Tras esto, el Pleno del Consejo Fiscal decidió por unanimidad mostrar su rechazo a estas palabras, que «suponen un absoluto desconocimiento» de la institución que es el Ministerio Público. Entonces, la Fiscalía General del Estado remitió una comunicación al CGPJ considerando que estas palabras de Alaya eran «merecedoras de la apertura de expediente disciplinario».

En dicha comunicación se daba traslado de los acuerdos adoptados el 5 de junio por el Pleno del Consejo Fiscal, que rechazó las declaraciones efectuadas el día anterior por Alaya por poner en entredicho, «con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes».

Como consecuencia de este escrito, el pasado 20 de junio el CGPJ informaba de que el Promotor había abierto una diligencia informativa en relación con las manifestaciones realizadas por la magistrada.

Pues bien, este viernes el CGPJ ha informado de que el propio Promotor de Acción Disciplinaria ha archivado dichas diligencias informativas al entender que «no existió una falta de consideración a los miembros del Ministerio Público».

Tras proceder al visionado de la grabación y valorado el contexto en el que tuvieron lugar las manifestaciones objeto de denuncia, el Promotor concluye que dichas palabras contenían «una crítica dirigida al régimen legal que rige el funcionamiento del Ministerio Fiscal, especialmente en lo que se refiere al sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, pero no a los miembros de la Carrera Fiscal, de quienes la magistrada Alaya dijo expresamente que son 'excelentes profesionales'».

Por todo ello, el Promotor de Acción Disciplinaria concluye que «no cabe apreciar el elemento subjetivo de culpabilidad que caracteriza toda infracción disciplinaria».

De otro lado, fuentes del CGPJ han precisado a Europa Press que la decisión de archivo por parte del Promotor de Acción Disciplinaria concierne «exclusivamente» a la queja presentada en su día por el Consejo Fiscal, por lo que las diligencias abiertas contra la magistrada con motivo de las quejas presentadas por los jueces de Instrucción de Sevilla y por el expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera continúan siendo investigadas.

El pasado mes de julio la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento del acuerdo adoptado el 19 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación con el acta de la Junta sectorial de jueces de Instrucción de Sevilla del 24 de mayo, en la que mostraban sus quejas por las declaraciones realizadas por Mercedes Alaya sobre sus compañeros. Además, la Comisión Permanente acordó dar traslado de los mismos al promotor de la Acción Disciplinaria, que ya tenía abiertas diligencias informativas por las declaraciones sobre jueces y fiscales de la magistrada.

La Junta de jueces de Instrucción de Sevilla manifestó en la reunión del 24 de mayo su «profundo malestar» por las declaraciones realizadas en una entrevista por Alaya respecto a sus compañeros que realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza cuando ella era titular del mismo e instruía casos como los ERE o los cursos de formación.

Además, mostraron su malestar por los comentarios realizados públicamente por Alaya en otras ocasiones respecto a la actual titular de ese órgano judicial, María Núñez Bolaños, al considerar que con ellos «se pone en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de esos compañeros».

Posteriormente, la Sala de Gobierno del TSJA tomó conocimiento del acta de la Junta de jueces y aprobó un acuerdo en el que ponía de manifiesto que «es obligación de todo juez asumir un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa con todas las instituciones y poderes del Estado».

Igualmente, el Promotor de Acción Discliplinaria continúa investigando la queja elevada al CGPJ por parte del que fuera máximo accionista del Real Betis y expresidente del club Manuel Ruiz de Lopera para que se adopten las medidas correctoras que resulten pertinentes con motivo de las declaraciones realizadas por Alaya, instructora del caso Betis y del que resultó absuelto el exdirigente del club, sobre su gestión en la entidad.

Alaya, en declaraciones a los medios, recordó que en el caso Betis, pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo presentado por la única acusación particular ejercida por la asociación Béticos por el Villamarín, el juez de lo Mercantil número 1 de Sevilla calificó como culpable el concurso de acreedores del Real Betis de 14 de enero de 2011 y declaró afectados por dicha calificación, entre otras personas, a Ruiz de Lopera, al que impuso ocho años de inhabilitación. También apuntó que en la Audiencia se demostró que Lopera «no compró todas las acciones que tenía».

A su juicio, en este caso «se han desaprovechado años de instrucción y se han utilizado a la Justicia y a los inspectores de Hacienda, que hicieron un trabajo impresionante para la causa», al tiempo que ha recordado que en la instrucción «llegaron a demostrar que con las cuentas oficiales de Tegasa había 25 millones defraudados y nadie descarta una contabilidad paralela».

En referencia a la sentencia del caso y su alusión al informe pericial, «hecho sobre futuribles», según la Audiencia, Alaya, que reconoció que no ha leído la sentencia, manifestó: «En absoluto, el informe pericial está basado sobre hechos consumados».

Para Lopera estas declaraciones de Alaya están «carentes del menor fundamento» y se ve «obligado a replicar» estas palabras, «algunas insólitas, cuando no falsas».