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Nuevo frente entre el Poder Judicial y los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Y ahora también entre los togados y la Presidencia del Congreso de los Diputados. Los nueves vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidieron este miércoles al presidente en funciones ... de este órgano, Vicente Guilarte, que convoque con «carácter urgente» un «Pleno extraordinario» con un solo punto del día: un pronunciamiento sobre los ataques que «oradores de varios grupos parlamentarios» vertieron el martes en el Congreso de los Diputados contra la judicatura a cuenta de las últimas resoluciones sobre los casos 'tsunami' y 'trama rusa del procés', que enredan, todavía más, la ley de amnistía. Esa mayoría conservadora, según los estatutos del CGPJ, al superar los cinco vocales, obligará a la convocatoria de ese Pleno.
Pero hay más. En su escrito, además, los vocales del CGPJ recuerdan que esos exabruptos -sobre todo contra el titular del juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, contra el titular del juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón- tuvieron lugar ante «la aquiescencia y mutismo» de la presidenta de las Cortes, Francina Armengol.
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Los nueve proponentes incluyen links de cinco medios diferentes en los que se recogen, entre otras, las intervenciones: de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, denunciando que «la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado»; la del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu afirmando que existen «magistrados» que tienen como objetivo, «no cargarse la ley, sino cargarse al Gobierno y la mayoría plurinacional que lo sostiene»; el discurso de la parlamentaria de ERC Pilar Vallugera, quien afirmó que «esta ley tiene la fuerza suficiente para no cambiar según los jueces prevaricadores que quieren hacerla naufragar»; o la intervención del diputado Catalunya en Comú y secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, quien cargó contra aquellos jueces que han «empezado a ver terrorismo retrospectivo por todas partes».
Al mismo tiempo que los vocales presentaban su petición de convocatoria de Pleno a Guilarte, el propio presidente del CGPJ, en el acto de inauguración del curso en la Escuela Judicial, hizo un «nuevo, baldío pero insistente» llamamiento a los representantes públicos para que dejen de cuestionar la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, refiriéndose expresamente a las «inaceptables descalificaciones» contra los togados oídas en el Palacio de San Jerónimo.
«Ellos, quienes nos insultan, son parte del poder legislativo de un Estado que los acoge y les brinda su tribuna. La lealtad institucional debiera llevarles al respeto de la independencia judicial y de separación de poderes que yo intento preservar desde lo nuestro frente a lo suyo, pero sin que me sea posible ante sus constantes injerencias», lamentó públicamente el máximo responsable de los jueces.
Los nueves vocales que forzarán el pleno son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Jose María Macías, Francisco Gerardo Martínez, María Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz, Juan Martínez y Wenceslao Olea.
Todos ellos recordaron en su misiva a Guilarte la declaración institucional aprobada por unanimidad en la reunión de la Comisión Permanente del pasado 19 de enero en la que expresaron su «rotundo rechazo» a las palabras de la vicepresidenta Teresa Rivera contra García Castellón (al que acusó de tener «querencia» a hacer públicas resoluciones en momentos políticos claves) al considerar que son «contrarias» al «principio de lealtad institucional» y al «deber de respeto a la independencia judicial», al tiempo que reclamó «moderación, prudencia, mesura» y responsabilidad» para «evitar la utilización política de la Justicia».
El expresidente de la Generalitat catalana aún prófugo en Bélgica, eurodiputado ahora y líder de Junts, Carles Puigdemont, acusó este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, de reabrir una «causa delirante» con la prórroga por otros seis meses de la investigación sobre la trama rusa del 'procés' incluida en el llamado 'caso Voloh' En ella indaga sobre los contactos entre responsables del movimiento independentista y el Kremlin, además de grupos de la ultraderecha rusa, supuestamente en busca de respaldo político y económico a su movimiento.
En un apunte en la red social 'X' , Puigdemont también replicó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que rechazó las declaraciones del expresidente catalán sobre la judicatura que «cuestionan que España es un Estado de derecho consolidado».
«El fiscal general del Estado se tomó ayer la molestia de responderme públicamente y salir en defensa de los fiscales» y la judicatura, ha reprochado Puigdemont, informa Europa Press. Acto seguido ha criticado que Aguirre reabriese la trama rusa un día antes de la votación de la ley de amnistía en el Congreso.
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