El CGPJ ahonda su división tras el acuerdo salarial de los jueces con el Gobierno

El último episodio ha sido el acuerdo alcanzado por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con el Gobierno en la mesa de retribuciones. Todo empezó con la presencia en esta negociación como teóricos actores neutrales de tres vocales del bloque conservador: Juan Martínez Moya, José Antonio Ballestero y Gerardo Martínez Tristán, partidarios de estirar el debate con el Ministerio de Justicia y, llegados el caso, de ir a la huelga indefinida, según señalan fuentes de la negociación.

Sin embargo, el acuerdo retributivo firmado este martes disminuyó varios decibelios la tensión entre los colectivos judiciales, pero en cambio disparó la tirantez en el Consejo. Primero por el cabreo que supuso entre vocales del bloque conservador el hecho de que Justicia no invitara a los consejeros a la firma; en segundo lugar por la convocatoria de un pleno extraordinario en el CGPJ para valorar la letra del acuerdo: unos pretendían haberlo examinado el mismo martes e incluso se lo pidieron al presidente interino, Rafael Mozo. Pero este hizo caso omiso hasta el punto de no contestar a la solicitud.

Este silencio de Mozo, del bloque progresista y miembro de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, ha generado un «tremendo» enfado entre varios consejeros, que le acusan de extralimitarse en sus funciones como presidente sustituto. Con este clima se llegó al pleno ordinario celebrado este jueves, donde sí se analizó el acuerdo con los jueces, pero ninguna de las propuestas que había sobre la mesa fue aprobada por falta de consenso. Es decir, no hubo posicionamiento oficial del Consejo. A esto se suma el ambiente cada vez más enrarecido por el hecho de que Mozo esté a dos meses de su jubilación forzosa al cumplir los 72 años. La batalla por su sustitución ha comenzado.