Las causas sobre el entorno de Sánchez, la amnistía o los Pujol marcan el curso político

La causa que instruye el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente espera la autorización del Congreso para investigar el patrimonio del diputado José Luis Ábalos y ahondar en los indicios que pesan hasta la fecha contra el exministro socialista por su «papel principal» en la presunta trama de comisiones por la compra de mascarillas en pandemia. De forma paralela, el magistrado deberá examinar la confesión incriminatoria Víctor de Aldama, el «nexo corruptor» de la red, y la Fiscalía sostener el acuerdo alcanzado con el empresario que le permitió salir de prisión.

La causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado afronta una nueva fase tras la decisión de Begoña Gómez de prestar declaración el 18 de diciembre. Las dos líneas de investigación vigentes se refieren al papel desempeñado por la investigada en los contratos del consultor Juan Carlos Barrabés, excepto en aquellas adjudicaciones públicas que fueron sufragadas con fondos europeos, contratos que revisa la Fiscalía Europea, y la actividad de la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense y la presunta apropiación de un programa informático en la cátedra que dirigió. El procedimiento afronta unos meses cruciales para definir si se abrirá juicio oral, como sí consideran las fuentes jurídicas consultadas.

La causa seguida por un juzgado de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, espera un primer tercio de año clave antes de que la magistrada decida si propone abrir juicio oral o archivar. El investigado y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, líder socialista extremeño, declaran este 9 de enero como investigados. Se examina si se creó una plaza ad hoc para el primero en la institución pacense, una vez que se haya descartado un enriquecimiento injustificado por parte de David Azagra, nombre artístico de Sánchez.

El Tribunal Constitucional tiene previsto resolver los primeros recursos sobre la legalidad de la ley de amnistía, la norma que borra todos los delitos cometidos durante el 'procés' catalán, antes del verano. Estas sentencias marcarán el devenir de las 23 impugnaciones presentadas y serán las referidas a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Supremo, responsable de juzgar el 'procés', y el recurso de diputados del PP. El alto tribunal considera que la amnistía vulnera el derecho fundamental a la igualdad, entre otros.

El curso también traerá avances en las causas cruzadas en las que están investigados la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el fiscal general Álvaro García Ortiz. El primero aún no ha declarado por el presunto fraude fiscal que instruye un juzgado de Madrid, mientras que el segundo está pendiente también de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado le cite por un delito de revelación de secretos. Mientras tanto, Hurtado sigue realizando diligencias sobre la filtración de información reservada de la defensa de González Amador y tiene prevista una batería de testificales en enero. En estos dos meses de instrucción, la causa se ha enmarañado tras conocerse a través del diario ABC que el exlíder socialista de Madrid Juan Lobato recibió de Moncloa datos sobre el acuerdo alcanzado por el presunto defraudador con la Fiscalía para reconocer los hechos a cambio de evitar su ingreso en prisión. Una asunto que ha abierto nuevas líneas de investigación que acechan al corazón del Gobierno.

Once años después de abrirse la causa, la Audiencia Nacional juzgará a partir del 10 de noviembre a la familia Pujol. La Sala Penal sentará en el banquillo al expresidente de la Generalitat, de 94 años, y a sus siete hijos por urdir una presunta trama que funcionó durante decenios y que tenía por objetivo engordar el patrimonio familiar con operaciones económicas irregulares, aprovechando los resortes del poder político. La Fiscalía pide nueve años de cárcel por presunto blanqueo y asociación ilícita para el presidente que gobernó la comunidad entre 1980 y 2003, 29 años para su primogénito Jordi Pujol Ferrusola, 14 años para otro de sus vástagos (Josep) y ocho años para el resto. En el banquillo se sentarán otras 17 personas.

La Audiencia de Madrid juzga a partir del 11 de febrero a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina por la presunta estafa al ayuntamiento en la venta de material sanitario durante la pandemia. Se les acusa de delitos continuados de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. En el caso del empresario Luceño, se añade la falsedad en documento oficial. El fiscal pide nueve años de cárcel y multa de 450.000 euros para el hijo de Naty Abasca y 15 años de prisión y cinco millones para Luceño.

Tras la admisión parcial del Tribunal Constitucional (TC) de los recursos de los condenados por el Supremo, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, las diferentes piezas de la macrocausa siguen su curso y este mes la Audiencia de Sevilla tiene previsto celebrar tres juicios en los que se analizarán las ayudas que recibieron varias empresas para prejubilaciones. Del mismo modo, el tribunal juzgador deberá dictar nuevas sentencias sobre algunos ex altos cargos castigados en la pieza política de los ERE con los hechos que el TC no anuló.

La Audiencia Nacional juzga a partir del 3 de febrero al expresidente de la FEF Luis Rubiales por su beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso, un asunto que tuvo un importante impacto social. La Fiscalía pide para Rubiales dos años y medio de prisión por delitos de agresión sexual y coacciones, mientras que para los otros tres procesados, entre ellos el exseleccionador Jorge Vilda, reclama un año y medio por un delito de coacciones.