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El 'caso Begoña Gómez' se ha convertido en el primer obstáculo para que el Gobierno pueda desarrollar la ley europea de libertad de medios aprobada el pasado marzo en Estrasburgo por 464 votos a favor, entre ellos, los de populares y los de los socialistas, 92 en contra y 65 abstenciones. El hecho de que Pedro Sánchez situara desde el primer día la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre sus esposa en el epítome de lo que los «bulos» y la «desinformación» pueden hacer contra un Ejecutivo legítimo hace casi imposible que el primer partido de la oposición, al que el presidente volvió a apelar ayer desde el Palacio de Blenheim (Inglaterra), le dé ahora su apoyo.
El reglamento comunitario, que deberá estar plenamente en vigor en los 27 para agosto de 2025, fue concebido en origen para proteger a periodistas y medios de comunicación europeos de interferencias políticas o económicas. En víspera de que Gómez declare ante el juez y en la misma jornada en la que la UCO volviera a registrar la Diputación de Badajoz en busca de correos por el caso del hermano del presidente, Alberto Núñez Feijóo, defendió que lo que intenta el Gobierno es justamente lo contrario.
El líder de la oposición alegó, en una entrevista en la Cope, que Sánchez siembra «dudas» sobre lo que publican los medios en un sentido amplio para crear una «nebulosa» para dar la sensación de que «todos los problemas judiciales que tiene el presidente del Gobierno, que tiene su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, su partido y su Gobierno, no son ciertos o son parcialmente inciertos». Insistió además en que la intervención del presidente el miércoles ante la Cámara baja no fue más que una «cortina de humo» de quien «encarna la degeneración democrática».
En una breve declaración en la que eludió responder a una pregunta directa sobre su esposa, antes de participar en la apertura de la Comunidad Política Europea, Sánchez se apoyó, mientras, en una intervención en la que Ursula Von der Leyen, reelegida ayer presidenta de la Comisión Europea, habló de cómo la desinformación está «socavando la convivencia y debilitando la democracia» para desvincular ahora el plan que presentó en el Congreso de los diputados de sus circunstancias concretas.
«Desde España, lo que hemos propuesto es ser la vanguardia de la lucha contra esa desinformación y, por tanto, del fortalecimiento de la democracia, de defender a los medios de comunicación de aquellos que no lo son», alegó. El relato político de su propuesta, en la que está incluida la citada ley europea, tiene, no obstante, su génesis en los cinco días de reflexión que se tomó el pasado abril, aislado de todo y de todos, tras conocer la apertura de diligencias previas contra su mujer y proclamarse víctima de una campaña de hostigamiento de la derecha.
El PSOE es consciente de que será difícil aprobar cuestiones como la reforma de la ley de publicidad institucional si no es con el PP porque la mayoría de su socios le exigirán ir mucho más lejos y cada uno tiene, además, sus propias exigencias. Pero no está dispuesto a aflojar en su mensaje de que todo lo que hay contra Begoña Gómez son «bulos». El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más allá y acusó al juez de estar haciendo una «investigación prospectiva», prohibida por la ley.
El discurso oficial, sin embargo, ya ha hecho aguas para algunos de sus propios aliados. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, insistió ayer en que, aunque «no es la Gürtel» y desde un punto de vista judicial pueda no haber mucho «trasfondo», hay cosas que no resultan éticas. «El PNV -quitan hierro los socialistas- está en una situación complicada y no quiere aparecer como subordinado».
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