Cataluña: sigue el desafío al Estado

El activismo de Quim Torra, efímero presidente de Ómnium Cultural y reconocido conspirador del ultranacionalismo, así como la actitud de Puigdemont al señalar desde Berlín que «se abre un periodo de provisionalidad» y que habrá un «Consejo de la República» que dará órdenes al equipo de gobierno de la Generalitat están en línea con las primeras declaraciones del elegido: Torra ya había expresado antes del discurso de investidura de hoy que Cataluña «vive una crisis humanitaria» —es decir, que tiene violentados sus derechos humanos— y que él se dispone a abrir «un periodo constituyente» según el mandato del 1-O. Con estos mimbres, sólo alguien que viviera al margen de la realidad habría podido manifestar algún atisbo de optimismo ante lo que se nos viene encima.

El mandato de Puigdemont era bien explícito: «Una de las primeras tareas del nuevo Ejecutivo debe ser la de dar respuesta y poder reactivar todo lo que la ofensiva devastadora del 155 ha representado». Y el discurso de hoy de su epígono se ha ajustado a lo previsible, sin que ello signifique que la constatación de la realidad no haya sembrado una gran preocupación.

El candidato Torra, que es un personaje cultivado y que ha dado indiscutible altura a su discurso cargado de citas pertinentes, ha hablado, con parsimonia y flema, como un iluminado dispuesto a inventar la realidad sobre la marcha. Como la víctima de un Estado sobrecogedor que ha sometido brutalmente a un colectivo por tener una idea.

Tras dejar claro que «nuestro presidente es Carles Puigdemont» y que «seremos leales al 1 de octubre», ha hecho un dibujo distorsionado del conflicto que nos ha traído hasta aquí, que habría sido la consecuencia de la falta de democracia, de la intolerancia de un estado opresor. Pero la apelación al realismo que supone la investidura de Torra no ha variado el gran objetivo del nacionalismo que es investir un día a Puigdemont: «persistiremos, insistiremos y le investiremos», ha dicho el candidato en un ocurrente juego de palabras.

Tras el levantamiento del artículo 155, que se producirá si su investidura prospera (todo indica que será el lunes, en segunda votación, gracias a la abstención de la CUP) , ya «no habrá motivo para no trabajar sin descanso por la República», ha dicho para desanimar a quienes pudieran pensar que el nacionalismo ha decidido regresar al marco del estado de derecho.

Ha hecho también una apelación al diálogo «de gobierno a gobierno», es decir, por la inaceptable vía unilateral que nos ha traído hasta aquí. Ha manipulado las palabras de Felipe VI cuando aún era Príncipe y elogiaba en los años noventa el Estadio de las Autonomías. Y ha llegado invocar el «diálogo entre nosotros» para evitar que la relación se reduzca al insulto, lo que ha provocado risas y chanzas en el auditorio no nacionalista.

Con toda claridad, Torra ha explicado cómo piensa construir la República, vulnerando como es obvio la legalidad española: piensa acometer un proceso constituyente, contando con la colaboración de la ciudadanía, partiendo de «una visión disruptiva del régimen autonómico», insuficiente y ya inutilizado. En definitiva —ha aclarado— el camino que se propone recorrer va «de la restitución de las instituciones a la constitución de la República». Más claro, imposible.

Para ello, ha declarado paladinamente que el parlamento catalán se someterá al Consejo de la República, que seguirá en el exterior. Y ha llamado a la explotación de dos hitos próximos: los juicios a los encarcelados y a celebración de las elecciones municipales.

Sobre sus intenciones al término del 155, y tras acusar al ministro del Interior de malversación por haber enviado a las fuerzas de Seguridad del Estado a Cataluña (a defender el orden constitucional de la intentona golpista), ha anunciado la creación de un «comisionado especial» para reparar los daños causados por el 155. Y ordenará la retirada de la querella contra Artur Mas y otros responsables del 9-N, a quienes se acusa de malversación y se reclama una compensación por daños.

Por supuesto, Torra no se ha privado de mencionar el mantra mentiroso del déficit fiscal de 16.000 millones de euros al año que padece Cataluña, y entre los proyectos de gobierno que ha mencionado, ha anunciado el de «restablecer y ampliar» la red de delegaciones en el exterior, utilizada por el soberanismo como altavoz de propaganda y desmantelada por el Gobierno de la nación.

Ante semejantes planteamientos, cualquier concesión al optimismo sería un simple delirio.

La formación del nuevo gobierno obliga dar por concluida, siquiera momentáneamente, la intervención de la Generalitat al amparo del artículo 155, pero todo indica que, si Quim Torra no realiza un viraje que como mínimo resultaría sorprendente, el conflicto seguirá completamente abierto y el Estado tendrá que volver a intervenir casi de inmediato para evitar males mayores y nuevas violaciones de la legalidad.

En definitiva, es evidente que el nuevo Gobierno de la Generalitat, que ha sido negociado desde hace semanas y que estará formado por el mismo número de miembros propuestos por el PDeCAT y por ERC, tendrá su oportunidad de desempeñarse para resucitar las instituciones, pero la mirada vigilante del Estado tendrá que escrutar minuciosamente todos los movimientos para evitar cualquier reiteración de las marrullerías anteriores.

Esta es la situación. Y no tendría sentido que los partidos constitucionalistas se enzarzaran ahora en la discusión de matices irrelevantes sobre este asunto cuando el Estado sigue estando en peligro. Los españoles, lógicamente preocupados, piden unidad de acción a los demócratas y no perdonarían dejación alguna por parte de quienes han sido encargados de velar por la vigencia del principio de legalidad.