Cataluña y Aragón se tiran a la cabeza los aros olímpicos

El proyecto olímpico, no obstante, está en estos momentos herido de muerte, porque la Generalitat y el Gobierno aragonés han entrado en una guerra fratricida que rescata viejas rencillas de dos autonomías vecinas pero políticamente mal avenidas. El 'procés' las distanció aunque el enfrentamiento tiene raíces históricas: el nacionalismo ni siquiera reconoce la Corona de Aragón y habla de Corona catalano-aragonesa. Más recientemente, ambos ejecutivos libran una larga batalla judicial por la propiedad de importantes obras de arte románico, que originariamente pertenecieron al monasterio oscense de Sijena y que desde la Guerra Civil estaban en Cataluña, hasta que un juez obligó a la Generalitat a devolver buena parte de las obras. Aun así, la joya de la corona, 'los murales de Sijena' -la Capilla Sixtina del románico- sigue en Cataluña, en el MNAC. «Cataluña nos roba» o «expolio judicial» son algunas de las perlas que se han lanzado entre una y otra comunidad en los últimos años. El ambiente no es el propicio para compartir una empresa de esta envergadura.

El rol que juegue cada uno es clave. Cataluña quiere liderar la candidatura y que Aragón sea un «colaborador». En la parte catalana recuerdan que Jaca ya lo ha intentado varias veces. El Gobierno de Aragón, mientras, no aceptará papeles «subalternos» y todo lo que no sea una gestión al 50% lo considera un insulto: si se le otorga un perfil secundario no habrá Juegos, advierte. Pere Aragonès y Javier Lambán tenían previsto verse el viernes. La cita se canceló desde Zaragoza. Un ejemplo de cómo están las relaciones: hace seis años que no hay una reunión al más alto nivel entre los dos ejecutivos.

El Govern carga la culpas a Pedro Sánchez, mientras que la Moncloa circunscribe la polémica a un mero desacuerdo entre las dos administraciones autonómicas a las que insta a ponerse de acuerdo. Sánchez siempre se ha referido a los Juegos de 2030 como un proyecto de país en el que las dos comunidades deben trabajar en «pie de igualdad». La candidatura forma parte de la agenda del reencuentro, con la que busca la distensión en la política catalana, tras años de alto voltaje. Por esa razón, la carrera olímpica es un dardo envenenado para el independentismo. Para la Generalitat implica aceptar que es el Comité Olímpico Español el que lleva la batuta y que todo el proyecto pivota bajo bandera española. Y lo que es aún peor, le supone admitir que hasta 2030 Cataluña seguirá siendo una comunidad autónoma.

El Govern catalán ha acabado por defender el proyecto pero ha estado meses titubeando. ERC no acababa de tenerlo claro, mientras que Junts apostó desde el primer día. Más o menos como ocurrió con la ampliación del aeropuerto de El Prat, que se quedó en un cajón de Aena. Como consecuencia de la aspiración olímpica, el Gobierno catalán puede quedarse sin socios y podría verse obligado a llamar a la puerta del PSC. La CUP y En Comú Podem no quieren saber nada, por razones medioambientales y porque consideran que es un sinsentido organizar uno Juegos de invierno en Cataluña. En 2030 no habrá nieve, alertan.

El Govern ha respondido a las críticas de la izquierda impulsando una consulta en las zonas afectadas, pero el derecho a decidir amenaza con explotarle en las manos. Primero, porque la Generalitat está negando el derecho a participar a buena parte de los catalanes. De hecho, solo votarán 65.000 personas, de cuatro zonas pirenaicas con estaciones de esquí como Baqueira o La Molina. El Gobierno catalán se asegura la victoria en el referéndum, pero deja a muchas comarcas fuera del censo y las que creen que también deberían ser escuchadas amenazan con organizar una consulta por su cuenta, un referéndum unilateral.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también reclamó que los barceloneses fueran consultados, si bien el Govern no atendió a su petición. El proyecto genera además dudas a Colau y fractura su Gobierno municipal.