Casado eleva el tono y acusa a Sánchez de aliarse con los «proetarras»

El texto pactado por PSE y PNV, y que contó con la abstención de EH Bildu y Podemos, persigue el reconocimiento de los afectados por excesos policiales entre 1978 y 1999 -los casos de años previos quedaron ya englobados en un decreto anterior- y es el resultado del acuerdo que alcanzaron el verano pasado el Gobierno central y el vasco. En realidad, la primera ley autonómica sobre este asunto salió adelante en 2016, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy acudió al Tribunal Constitucional para paralizar el articulado. El recurso se mantuvo vivo hasta el pasado agosto, cuando el Consejo de Ministros decidió retirarlo y consensuar cambios en la norma con el gabinete de Iñigo Urkullu.

Con las modificaciones, los socialistas y el PNV creen haber aclarado que la ley en ningún caso permite a la comisión que investigará los casos de abusos ejercer el papel que corresponde a la justicia. Pero en el PP mantienen sus dudas sobre la constitucionalidad de la norma y sostienen que sí «configura un sistema parajudicial para el desprestigio» de las fuerzas de seguridad.

Que el debate del jueves estuviera, además, marcado por los ataques verbales de Bildu a los sindicatos policiales encendió aún más a los populares. El parlamentario Julen Arzuaga llegó a llamarles «nazis». «Recurrimos -replicó este viernes Casado- para intentar resarcir una sesión ignominiosa contra las fuerzas de seguridad y contra las víctimas del terrorismo, y para intentar paliar una humillación que no merecía España».

El reproche político, sin embargo, recayó en el presidente del Gobierno, a quien el líder del PP presenta como aliado de los «batasunos». Le recriminó el respaldo a la ley de abusos y que los socialistas no abandonaran el Parlamento vasco tras escuchar los insultos. Pero también que Sánchez se haya apoyado en Bildu para sacar adelante en el Congreso sus reales decretos. «No se puede aguantar que para que permanezca una semana más con el Falcón o en la Moncloa, se alíe con los proetarras», cargó tras censurar el «grado de indignidad» al que ha llegado, según él, el Ejecutivo.

El Gobierno, mientras tanto, no entendió el recurso del PP ante el TC. La ministra portavoz recordó que los populares formaron parte del acuerdo adoptado en 2011 en la Cámara de Vitoria y que instaba al Ejecutivo vasco a legislar. Fuentes conservadoras, sin embargo, respondieron que una cosa es respaldar que se tomen medidas y, otra, aceptar la redacción actual de la ley.

Isabel Celaá rechazó, en todo caso, que la norma conlleve una «equiparación» entre las víctimas de ETA y las de los excesos policiales, como denuncia el PP. Y señaló que los miembros de las fuerzas de seguridad fueron un objetivo preferente de la banda terrorista y se merecen «todo el respeto y todo el honor» de la sociedad. Mientras que los afectados por abusos son «pocos», sus casos están muy bien definidos y también requieren una reparación.

La ministra tachó de «absolutamente inaceptables» los insultos de Arzuaga y apuntó que este tipo de actitudes demuestran que Bildu «tiene cuestiones pendientes» como pedir perdón por los crímenes de ETA.

Pablo Casado se comprometió este viernes a endurecer la legislación para que los delitos de terrorismo no prescriban nunca. Lo que ahora mismo contempla el artículo 131.3 del Código Penal es que la responsabilidad por los crímenes de este tipo no se extinga en caso de «muerte de una persona». No es la única reforma sobre la materia que el líder del PP plantea en esta campaña. También propone cambiar la ley penitenciaria para que los presos de la banda terrorista ETA no puedan «acceder a un grado más favorable» sin «haber colaborado efectivamente en el esclarecimiento de los 300 asesinatos que siguen impunes» y prohibir la «convocatoria de actos de enaltecimiento de los etarras que salgan de prisión».

En realidad, el Código Penal ya castiga en su artículo 578 el «enaltecimiento o la justificación» de los delitos de terrorismo o «de quienes hayan participado en su ejecución». También «la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas». Pero Casado recupera ahora su propuesta de que se prohíba la propia «convocatoria». Cree que así se frenarían los homenajes a los presos de ETA que abandonan la cárcel.

El líder del PP estaba este viernes en Huelva, junto a su número uno en la provincia, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña asesinada en 2008. Allí Casado retomó su propuesta de extender la prisión permanente revisable a nuevos supuestos. Como novedad, los populares incluirán en su programa electoral castigar con esta pena «los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada».

En cuanto al resto de supuestos, son los que ya recogía la propuesta de reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018: asesinato con ocultación de cadáver a los familiares, asesinato después de un secuestro, violaciones en serie y muertes en incendios, destrucción de grandes infraestructuras, liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

El PP tiene previsto presentar su programa el próximo lunes en Barcelona, a cuatro días del comienzo de la campaña electoral.