Casado presume de sus magistrados en el Constitucional mientras Sánchez calla

Los socialistas tratan todavía de digerir los nombres de Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. La ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue apartada del juicio en el 'caso Gürtel', junto al actual responsable de Justicia del PP, Enrique López, por sus vínculos con los populares, sobre todo con la entonces secretaria general del partido, Dolores de Cospedal. Arnaldo aparece en las grabaciones del 'caso Lezo' dando cuenta de sus movimientos en la Fiscalía para favorecer a su amigo y expresidente madrileño Ignacio González. También es un prolífico colaborador de FAES, la fundación que preside José María Aznar. Pero Sánchez no quiso avivar el fuego.

El presidente del Gobierno señaló después de participar en Bruselas en el Consejo Europeo que su «obligación» es «proteger el acuerdo» y «salvaguardar la negociación». Solo dijo que cada grupo político es «responsable de los perfiles» de sus propuestas. Casado tampoco hizo mención a los nombres aportados por el PSOE, Inmaculada Montalbán, magistrada cercana a ese partido, y Ramón Sáez, próximo a Unidas Podemos, y cuya designación no ha causado especial revuelo en las filas populares. El líder del PP señaló que con el acuerdo se han satisfecho los requisitos de su partido de «avanzar en la despolitización» y elevar el «prestigio profesional» de los candidatos porque ninguno tiene una trayectoria política que lastre su desempeño profesional. Su pasado, subrayó, «está fuera de toda duda».

En la Moncloa y en el PSOE hablan de «sacrificios necesarios» para poder abordar ahora la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el PP, la satisfacción era total por la aceptación de sus dos candidatos. «Lo importante es que avancemos en esa independencia» de las instituciones constitucionales, insistió Casado.

El líder del PP consideró que el acuerdo alcanzado este jueves para la renovación parcial del Constitucional, y total del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos es una buena rampa de lanzamiento para abordar la del Poder Judicial. Una apreciación con la que coincidió el presidente del Gobierno. «Se ha demostrado –resumió Sánchez– que cuando los dos queremos bailar podemos bailar».

El problema es que el Gobierno y el PP siguen enrocados en sus condiciones previas y la conciliación de posturas parece un ejercicio de alquimia. Sánchez invitó a Casado a abandonar «la sinrazón» del bloqueo del Poder Judicial. No se puede, prosiguió, aceptar las reglas del juego para renovar cuatro instituciones y negarse a lo mismo en la quinta.

Para el Gobierno no es discutible que los doce vocales propuestos por la carrera judicial sean negociados por los grupos parlamentarios. Para el PP, no puede ser así. Tienen que ser designados por sus compañeros de profesión. La ley de 1985 está del lado del Gobierno, pero las recomendaciones de la Comisión Europea y otros organismos internacionales así como, las peticiones de las asociaciones profesionales avalan la postura del PP.