Casado exige a Sánchez el cese de Marlaska por los contactos con los presos de ETA

El líder del PP denunció la «indignidad» del presidente del Gobierno y del ministro del Interior por negociar con el etarra Antonio López Ruiz, 'Kubati', a cambio del apoyo de EH Bildu a la investidura de Pedro Sánchez o a los Presupuestos Generales del Estado. Según el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico, el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, mantuvo encuentros periódicos, regulares y sin intermediarios con el entorno proetarra, del que 'Kubati' es una pieza clave, al menos en los primeros meses de la llegada del socialista a la Moncloa. Ambas partes analizaron las «prioridades» en los acercamientos y otros movimientos penitenciarios que la izquierda abertzale consideraban preferentes. «Están pactando con un asesino de trece inocentes para dar beneficios penitenciarios y acercamiento de presos a cambio de votos», lamentó Casado.

Desde el principal partido de la oposición insisten también en la necesidad de impulsar una comisión de investigación en la Cámara baja para aclarar lo ocurrido y depurar las posibles responsabilidades políticas de este trato «privilegiado» a los terroristas. Consideran que es «indigno» e «intolerable» que un país que ha sufrido «850 asesinatos por parte de los criminales de ETA» vea ahora cómo el Gobierno «pacta con ellos»

A partir de ese ese argumento, el líder conservador pasó a pedir el voto para su candidato en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las elecciones de este domingo. «Esto -afirmó- también se vota» dentro de tres días. «Podemos decidir entre el PP o los socios de EH Bildu, entre el crecimiento y el empleo o la indignidad de venderse a un asesino -recalcó Casado- a cambio de un puñado de votos para seguir en la Moncloa».

Los populares someterán al escrutinio de la Cámara la próxima semana su proposición de ley de reforma del Estatuto de la Víctima del Delito que contempla, entre otros aspectos, medidas para poner freno a los homenajes a terroristas -los conocidos 'ongi etorri'- y dar voz a las víctimas, mediante la presentación de recursos y alegaciones, en los procedimientos de concesión de tercer grado, acercamiento a cárceles vascas o cualquier tipo de beneficios penitenciarios a los condenados etarras.

Además, establecen una relación directa entre estos hechos y las afirmaciones del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que durante la negociación de los Presupuestos de 2022 aseguró ante sus simpatizantes su disposición a aprobar las cuentas públicas si con ello se conseguía la liberación de los presos etarras. «Ante la indignidad del acuerdo de cinco presos por cinco votos», afirmó ayer la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, refiriéndose a los cinco escaños de EH Bildu en el Congreso, «exigimos memoria, dignidad, verdad y justicia».

Vox por su parte, ha presentado una proposición no de ley donde pide la reprobación de Grande-Marlaska y su dimisión. Los de Santiago Abascal también han solicitado la comparecencia del ministro del Interior y del secretario general de Instituciones Penitenciarias tras conocerse el informe.

En concreto, quieren que Marlaska acuda a la comisión de Interior para informar sobre la política penitenciaria que lleva adelante su Ministerio en relación con los presos de ETA y para dar cuenta de los canales de comunicación de su cartera con dirigentes de Sortu y EH Bildu y representantes de los presos etarras. Una ofensiva parlamentaria a la que también se ha unido Ciudadanos, cuyo portavoz, Edmundo Bal, registró hoy en el Congreso una petición de comparecencia de Marlaska y Ortiz por un presunto «trato de favor».

La reacción del Gobierno no se hizo esperar y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cerró filas con Grande-Marlaska. «Cualquier otra consideración significa poner en duda a nuestra democracia y a la gestión en el ámbito administrativo que ejercen estos funcionarios públicos», apuntó en un encuentro con medios en la Universidad de Salamanca, antes de zanjar que «el Gobierno se mueve en el ámbito de la ley y la justicia».

Las peticiones de comparecencia del ministro del Interior y el responsable de prisiones, sin embargo, no tienen visos de prosperar. Lo más probable es que PSOE y Unidas Podemos las tumben con su mayoría en la Mesa de la Cámara baja.