Casado condiciona el fin del bloqueo del CGPJ a que Sánchez retire la reforma

Entre la hojarasca de descalificaciones, críticas e insultos de la sesión de control al Gobierno en el Congreso -hoy se escuchó «gamberro, matón, dictador»- Casado insinuó que podía dar un paso para acabar con el bloqueo de casi dos años en el gobierno de la judicatura. No se comprometió a nada pero fue un primer gesto de distensión.

El fragor de la batalla dialéctica sepultó, sin embargo, sus palabras. El presidente del Gobierno no respondió a la rama de olivo tendida, que, de materializarse, abriría una tregua en un conflicto que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones judiciales y ha embarrado el enfrentamiento político.

Fuentes populares solo dijeron que Casado quiso decir lo que dijo, mientras que los socialistas no quisieron valorar las palabras del presidente de los populares. Pero se encendió una luz para los críticos de ambos bandos. Tanto el bloqueo como la reforma legal tienen detractores en sus respectivas casas. Exministros, dirigentes y barones territoriales de los populares se han mostrado críticos con la decisión de no facilitar la renovación del Consejo porque no es una posición acorde con un partido que ha gobernado y aspira a volver a gobernar.

Del mismo modo, en el Gobierno y en el PSOE hay ministros y dirigentes del partido que no ven con buenos ojos la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para rebajar de tres quintos a mayoría absoluta el listón de exigencias parlamentarias para designar a los vocales porque supone un cambio unilateral de las reglas del juego que es impropio de un partido gobernante.

     

Sánchez y Casado, sin embargo, han ignorado hasta el momento esos reparos, aunque los más optimistas ven en el comentario del líder del PP el primer eslabón para un giro de 180 grados. En el Gobierno no dan mucha credibilidad al comentario del líder de la oposición, y en todo caso apuntan a que habrá que aguardar a que pase la moción de censura de Vox contra Sánchez. Antes no esperan en la Moncloa ningún movimiento porque entienden que Casado no puede mostrar el menor signo de aproximación con Sánchez.

Por parte de socialistas y morados no hubo el menor indicio de que se vayan a plantear la retirada de su proposición a pesar de la avalancha de críticas cosechada y las serias probabilidades de que la reforma sea tumbada por el Constitucional, instancia a la que el PP ha dicho que recurrirá si el Congreso aprueba el cambio en la ley del Poder Judicial.

Mientras se esbozan los primeros movimientos tácticos para acabar con el empantamiento en el gobierno de los jueces, el duelo parlamentario semanal entre Sánchez y Casado ratificó su nula química personal y el deterioro de sus relaciones políticas.

El jefe de la oposición arremetió contra la presencia del líder de Unidas Podemos en el Gobierno y exigió de nuevo su despido. «¿Por qué no le cesa -preguntó Casado- en vez de protegerle a través de una fiscal general del Estado socialista?» de los tres presuntos delitos que habría cometido en el 'caso Dina' y que ahora el Tribunal Supremo debe decidir si los investiga.

Pablo Iglesias, respondió Sánchez, tiene «la mayor y absoluta confianza por parte de la Presidencia del Gobierno». Defendió que en su Consejo de Ministros no se sientan «ni procesados ni condenados ni imputados» a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Mariano Rajoy, que tuvo «siete ministros procesados y tres condenados». El líder del PP contratacó: «Tiene en el Gobierno a (Nadia) Calviño, a (Pedro) Duque y (Isabel) Celaá con sociedades patrimoniales instrumentales para evadir impuestos. Y tiene a tres consejeros de los ERE, a la señora (Carmen) Calvo, a la señora (María Jesús) Montero y al señor (Luis) Planas». Otro capítulo del 'y tú más' que caracteriza en esta legislatura los debates entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición.