Casado se agarra a la justicia para anular el «pucherazo» de la reforma laboral

El presidente de los populares elevó el tono de su denuncia durante un acto electoral en Soria, y además del «pucherazo parlamentario» que atribuyó a Meritxell Batet, habló de «atropello democrático», «engaño a los españoles», «ataque a la soberanía nacional», «actuación impropia de una democracia desarrollada». Por todo ello, el PP no va a dejar instancia parlamentaria y judicial sin utilizar para cambiar el resultado de la votación. La reforma laboral fue convalidada con 175 votos a favor y 174 en contra, unas cifras que se hubieran invertido si Batet hubiera aceptado que el diputado del PP votara de nuevo. Una actitud que, según Casado, podría desembocar en una querella por prevaricación ante el Supremo contra la presidenta del Congreso.

El líder de los populares cree contar con mimbres jurídicos para que su demanda ante el Constitucional prospere. Se escuda en los precedentes de una sentencia anterior sobre una votación en el Parlamento vasco y en los acuerdos de la Mesa del Congreso que regulan el voto telemático. Por lo pronto, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias tras la denuncia de un ciudadano particular contra la votación del Congreso.

Casado fue la punta de lanza de la ofensiva de su partido. Detrás fueron la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, envió este viernes una carta a Batet para pedir que no se publique en el boletín de las Cortes el resultado de la votación y que tampoco se remita al Boletín Oficial del Estado. Unas horas antes, el propio diputado Casero había entregado otro escrito a la presidenta del Congreso para defender que se había «vulnerado» su derecho al voto y para denunciar que el resultado «no expresa la voluntad popular».

El PP cree a pies juntillas la versión de su diputado, estrecho colaborador del secretario general, Teodoro García Egea, a pesar de que los responsables de los servicios informáticos del Congreso descartaron el fallo técnico. Puntualizaron que el sistema está dotado de una salvaguarda de verificación del voto que impide la equivocación.

Se da la circunstancia, además, de que el diputado del PP votó el jueves en contra de las directrices de su grupo en tres ocasiones, no solo con la reforma laboral, un triple error que hace aguas la teoría del problema telemático. Fuentes parlamentarias sin distinción de color político apuntaron que el fallo es siempre humano. No hay precedentes en el Congreso de una anomalía al emitir el voto en su ordenador.

De hecho, en las 28 votaciones del jueves se registraron doce errores de los diputados que optaron por la vía informática. Entre ellos, el ministro Alberto Garzón, que erró dos veces, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, otros dos representantes morados y cuatro del PP. Ninguno alegó fallos técnicos.

Todos los diputados se equivocan alguna vez a lo largo de la legislatura en las centenares de votaciones que se producen. Erró Mariano Rajoy en 2017 al rechazar una enmienda a sus Presupuestos; Pablo Iglesias hizo lo propio al respaldarlos; y Pedro Sánchez apoyó en 2015 la reforma del PP de la ley del aborto. Y como ellos, el resto de los 350 diputados tanto en la modalidad presencial como telemática.

Pero el PP no tiene más remedio que avalar la versión de Casero del fallo informático porque la equivocación humana no tiene recorrido en los tribunales. Aunque el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, consideró este viernes «irrelevante» la causa, la posición oficial es que se trató de un problema técnico y que se produjo un atropello a los derechos de su representante que alteró el resultado de la votación.

La resolución del conflicto no se va a sustanciar en el Congreso porque Batet no tiene previsto reunir a la Mesa, como exige el PP, para acordar una repetición de la votación. Los servicios jurídicos de la Cámara recordaron que nunca se ha tomado esa decisión por el patinazo de un parlamentario al pulsar el botón.

El escenario donde se va dilucidar es el Tribunal Constitucional siempre que el PP recurra a esa instancia. Pero fuentes jurídicas consideran muy improbable que la corte de garantías dé la razón a las demandas del PP.