La carrera de obstáculos de Salvador Illa

Es el eje central de la legislatura. El acuerdo con ERC marca que Cataluña recaude y gestione sus propios impuestos, es decir, un concierto económico que en principio choca con las convicciones solidarias y redistributivas de un partido de izquierdas como el PSC. A Illa le tocará cumplir con los republicanos y apaciguar a la vez a los barones del PSOE, que se han manifestado radicalmente en contra del pacto.

Tras 14 años marcados por la tensión del soberanismo, Illa se ha propuesto que su Gobierno se centre en la agenda social, pero ahí tampoco tendrá un camino fácil: los precios de la vivienda, la precariedad laboral de los jóvenes y la pésima situación de los Rodalies (los trenes de Cercanías de Cataluña) no parecen problemas de fácil solución y en cualquier momento pueden hacer temblar los cimientos del Ejecutivo catalán.

En su primera semana al frente de la Generalitat nada ha ocupado tanto tiempo a Salvador Illa como tratar de recuperar la desprestigiada imagen de los Mossos d'Esquadra. La primera visita de Illa fue a la sede central del cuerpo, en Sabadell, y allí pidió a los partidos que mantengan a la Policía autonómica catalana fuera de la «confrontación política».

Endiablada tarea, si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones los partidos secesionistas han utilizado a los Mossos como una policía propia. Valga el ejemplo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuando los agentes actuaron con una pasividad ciertamente sospechosa ante la orden judicial de desalojar los colegios. O sin ir más lejos, el pasado 8 de agosto, cuando la complicidad de algunos Mossos con Puigdemont permitió la segunda fuga del expresident.

El plan de Illa para normalizar la situación de la Policía autonómica pasa por dos nombres: la consejera de Interior, Núria Parlon, que buscará focalizar los esfuerzos en la lucha contra la criminalidad; y un viejo conocido de la casa, el mayor Josep Lluís Trapero, destituido en la aplicación del artículo 155, restituido después por Quim Torra, y vuelto a ser relevado por el Govern de ERC; un hombre que trató de navegar en las aguas del independentismo, acabó naufragando, y al que ahora Illa rescata para poner orden en los Mossos.

Desde los Gobiernos de Jordi Pujol, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el ente que gestiona los medios públicos en esta comunidad, es un brazo poderoso del autogobierno catalán. Y TV3, la televisión autonómica, su joya de la corona. Siempre cercana al nacionalismo, con presentadores que se burlaban de España y del castellano, la cadena se convirtió en elemento de 'agitprop' durante el tiempo anterior al 1-0. En una entrevista en 2021, Illa llegó a decir: «TV3 ha tenido un papel muy lamentable en las últimas etapas de Cataluña». Ahora, su gestión puede convertirse en un problema para el president si ERC presiona para mantener el sesgo independentista de la televisión.

Diversas resoluciones judiciales han avalado en los últimos años el uso del castellano en por lo menos el 25% de las horas escolares. Se trata de un asunto muy sensible en Cataluña sobre el que Illa no ha querido incidir durante sus intevenciones tras ser elegido president.

En el pacto de investidura, el PSC y ERC acordaron garantizar el uso del catalán como «lengua vehicular» en el sistema educativo. Pero el texto también dice: «Al final de la etapa obligatoria, el sistema educativo debe garantizar la competencia oral y escrita plena en catalán y castellano, tanto en registros formales como en los informales».

Y quizá la parte más importante: el uso de las lenguas oficiales en las escuelas deberá estar «basada exclusivamente en los criterios pedagógicos» de cada centro y el Departamento de Educación «tomará las medidas necesarias» para garantizarlo. En una entrevista con este periódico en octubre de 2022 Illa aseguró: «Es mejor que sean los responsables de los colegios los que determinen el porcentaje de una lengua a que lo hagan los jueces». Y por ahí apunta la decisión salomónica que puede tomar el Govern: dejar en manos de los colegios la decisión sobre el tiempo para cada lengua oficial, a la espera de más pronunciamientos de la justicia.

En el lenguaje del soberanismo, las delegaciones de la Generalitat en el extranjero eran las «embajadas de Cataluña». Organismos opacos que anualmente costaban a las arcas autonómicas alrededor de 15 millones de euros al año y que actuaban no ya solo al margen del Gobierno central, sino manifiestamente en su contra, como armas de propaganda del secesionismo en Cataluña. Illa quiere atajar esta disfunción al colocar al frente de la consejería de Acción Exterior a Jaume Duch, alto cargo del Parlamento Europeo durante casi 40 años y una voz autorizada en Bruselas que se posicionó claramente en contra del 'procés' durante los años más complicados.