El Gobierno rechaza las urgencias del PP y Vox para recurrir el fondo del Govern

Los recelos de los dos principales partidos de la derecha se sustentan en que el propio secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, admitió hace dos semanas que la actuación del Tribunal de Cuentas podía amenazar la apuesta por el diálogo realizada por Sánchez con la concesión de los indultos a los nueve líderes independentistas condenados por sedición. «Sabíamos que estas causas, que no dejan de ser piedras en el camino, estaban ahí. Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando el camino pero siempre –dijo– dentro de la legalidad».

En el Gobierno llevaban ya días advirtiendo además en privado de que el hecho de que entre los afectados por la investigación del órgano fiscalizador esté el exconsejero de Economía Andreu Mas Colell –que recientemente recibió el apoyo de una treintena de premios Nobel «profundamente preocupados» por las «consecuencias desastrosas» que el procedimiento abierto puede tener sobre sus finanzas– daña la imagen internacional de España.

Lo cierto es que los socialistas se hallan en una difícil encrucijada porque, como admitió Calvo en un desayuno de Europa Press, 'a priori', la fórmula elegida por el Gobierno de Pere Aragonès para ayudar a los exaltos cargos o funcionarios que corren el riesgo de ser embargados el próximo día 21 les suscita muchas «dudas». «Se ponen algunas cosas que son difíciles de entender con arreglo a cómo pueden llegar ese tipo de avales», reconoció.

Aún así, la vicepresidenta no dio por sentada la impugnación. Fuentes del Gobierno apuntan que, de momento, el decreto publicado el miércoles se está analizando en el Ministerio de Política Territorial que dirige Miquel Iceta y que, llegado el caso, se podría activar la comisión bilateral para abrir una negociación con la Generalitat en base al artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, diseñado expresamente para resolver discrepancias mediante acuerdo.

Si se optara por esa vía, algo que, según insisten en el Ejecutivo, aún no está decidido, también se ampliarían los plazos para poder interponer un recurso de inconstitucionalidad; pasarían de los tres meses actuales a partir de la publicación de la ley a nueve meses. Entre tanto, se estaría evitando el embargo de los investigados.

Por otro lado, en caso de interponer recurso, el Gobierno tiene que decidir igualmente si pide o no la suspensión cautelar del decreto. De hacerlo, la medida de la Generalitat quedaría anulada automáticamente por un plazo de cinco meses. Si no, permanecería en vigor hasta que los magistrados resuelvan.