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El Gobierno está incómodo con los dos bloques que han formado las comunidades para negociar la financiación autonómica. La vicepresidenta primera confesó que ante este panorama «el punto de partida no parece que sea muy favorable» para llegar a un acuerdo que tendrá que ser « ... transversal».
Es la batalla que se avecina y será descarnada porque en materia de financiación las comunidades se mueven antes por sus intereses territoriales que por los partidarios. Nadia Calviño, que este martes presidió su primer Consejo de Ministros por la ausencia de Pedro Sánchez, advirtió que ese planteamiento de bloques «no lleva a nada bueno». El objetivo, explicó, es alcanzar un acuerdo transversal que conjugue en la medida de lo posible las demandas de todos.
Esa negociación, que aún no ha comenzado, debe encararse, según la vicepresidenta, con «actitud constructiva» y el alineamiento en frentes opuestos no es lo aconsejable. Pero las perspectivas son oscuras.
La mayoría de las autonomías del régimen común, todas menos País Vasco y Navarra, que se rigen por la fórmula foral, están encuadradas en dos grupos. Comunidad Valenciana y Andalucía capitanean el de las más pobladas y se consideran las peor financiadas. No les falta razón y así lo acredita un estudio sobre la evolución de la financiación de las comunidades entre 2002 y 2019 de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Los presidentes de ambas comunidades, Ximo Puig y Juan Moreno, se reunieron este martes en Sevilla. Su diagnóstico del sistema en vigor, aprobado en 2009, es que «es discriminatorio, complejo y poco transparente» y reclamaron que se cree un fondo compensatorio transitorio hasta que se acuerde otra fórmula.
En el otro lado están los territorios con menos habitantes y población más dispersa también unen fuerzas. Los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias se han citado en octubre para fijar una postura común en el nuevo modelo de financiación.
En España, 41 millones viven en el 30% del territorio (Madrid y las comunidades del litoral) mientras que seis millones se reparten por el 70% restante. Sus necesidades financieras son muy diversas.
Calviño reconoció que todas las comunidades tienen reclamaciones «legítimas», pero llamó la atención de que en todas hay una «sensación de infrafinanciación».
Es un tópico decir que es un sudoku, pero lo es. La negociación comenzará una vez que en noviembre el Ministerio de Hacienda presente su cálculo de población ajustada para que la financiación per cápita sea lo más homogénea posible una vez que las variables de dispersión, envejecimiento, coste de servicios, presión demográfica o insularidad, entre otras, se conjuguen.
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