Buch eleva a 33 los mossos investigados por las cargas en las protestas tras la sentencia del 'procés'

Este miércoles, en su comparecencia en el Parlament para dar cuenta de la actuación policial durante las algaradas, que empezaron el 15 de octubre y acabaron un mes después, el consejero ha situado la cifra definitiva en 33, aunque ha descartado que se trate de una caza de brujas en el seno del cuerpo de los Mossos, como le ha acusado el portavoz de Ciudadanos en la comisión de Interior, Matías Alonso.

A pesar de la treintena de expedientes, Buch ha defendido en términos generales la actuación de los Mossos y ha señalado que si hubo errores, estos fueron «individuales». «Los dispositivos tenían por objetivo garantizar la seguridad y los derechos de todo el mundo», ha dicho. A su juicio, los objetivos se cumplieron gracias a la buena labor de los Mossos y también ha destacado de la Policía Nacional. Según Buch, exigirán responsabilidades en los casos en que consideren que se han vulnerado los protocolos. El consejero del Interior, cuestionado por sus socios de Esquerra y por la CUP, que le ha acusado de ser el «brazo ejecutor del Estado«, ha admitido que la Policía catalana no lo hizo todo bien, y por ello ve necesario evaluar el cuerpo.

Pero a su juicio, «una cosa es una evaluación, y la otra es buscar un show. Si se hace un show, un pim pam pum, no haremos nada», ha avisado. Buch ha relatado que la mayoría de las movilizaciones fueron de carácter pacífico.

El Síndic de Greuges -defensor de pueblo de Cataluña- registró la semana pasada un estudio en la Cámara catalana en la que habló de que hubo «exceso en el uso de la fuerza en la dispersión, contención y detención« por parte de la Policía, pero también se registraron manifestaciones violentas. Buch ha acusado a los manifestantes, en casos puntuales de violentos que arrojaron «ácido» a los agentes. En un mes de disturbios, 539 personas requirieron atención médica (159 graves), entre ellas 116 mossos y 110 agentes de Policía Nacional. Buch ha reclamado a los comunes, si entran en el Gobierno central, que impulsen la prohibición del uso de pelotas de goma en la Policía Nacional.