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Cristian Reino
Barcelona
Miércoles, 28 de junio 2023, 16:05
El exconsejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, se sienta desde este miércoles en el banquillo de los acusados. Buch, nombrado en 2018 por Quim Torra, se enfrenta a seis años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. La Fiscalía le ... acusa de haber contratado a un agente de los Mossos como asesor del departamento para que en realidad siguiera prestando labores de escolta al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su huida a Bruselas, en octubre de 2017.
El policía que hizo presuntamente estas labores, Lluís Escolà, era escolta de Puigdemont cuando era presidente de la Generalitat. Le ayudó a salir de España tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y habría seguido siendo su escolta en Waterloo, gracias a la presunta tapadera urdida por el exconsejero. Escolà se enfrenta a cuatro años de cárcel como cooperador necesario. «La designación de Lluís Escolà para el cargo de asesor constituía un acto de mera arbitrariedad, que respondía únicamente al propósito de procurar desde el Govern y con cargo a los fondos públicos un servicio de escolta permanente al procesado rebelde, Carles Puigdemont», según la Fiscalía.
Un mando de los Mossos, encargado de la investigación del caso, Toni Rodríguez, ha ratificado la versión de la Fiscalía. Ha confirmado la tesis del Ministerio Público, que mantiene que el sargento de la Policía catalana fue fichado como asesor de la Consejería para poder seguir escoltando a Puigdemont en Bruselas, a pesar de que ya no tenía derecho a ello, tras ser procesado por el Tribunal Supremo. El intendente, en cualquier caso, no encontró irregularidades en la contratación de Escolà como asesor.
A su juicio, se hizo muy rápido, pero de acuerdo a los procedimientos legales establecidos, al ser un cargo de confianza nombrado por el propio consejero. Este alto mando no puede afirmar que Escolà no cumpliera con las funciones de asesor en materia de seguridad que le había encargado el consejero, pero pone en duda que hiciera esas funciones. En primer lugar, porque de los 224 días en que ejerció como asesor, la Policía pudo probar que al menos 103 de ellos estuvo en el extranjero. El fiscal le ha preguntado si Escolà cumplió con sus funciones de asesor. «Solo nos constan 14 informes con serias dudas de la autoría. Nada más. Ni idea de cómo se entregaban. Contenidos pobres, llenos de erratas e insustanciales. Algunos llegan estando él fuera», ha asegurado. No tenía ni ordenador ni móvil. Según este mando policial, no fue el único agente que prestó labores de escolta a Puigdemont. Ha identificado cinco, »aunque sabemos que hay bastantes más«, ha afirmado.
Escolà fue expedientado por los Mossos, según Toni Rodríguez, por haber ayudado al expresidente de la Generalitat a salir de España, primero a Francia, en coche, y más tarde a Bruselas, en avión. No comunicó a sus superiores jerárquicos que el líder de Junts había «abandonado precipitadamente el territorio». La División de Asuntos Internos de los Mossos abrió un expediente
a Escolà, que aprovechó sus vacaciones, días libres y una baja laboral para poder estar cerca del dirigente nacionalista, con quien tenía una «gran afinidad» ideológica y personal. Más tarde fue nombrado asesor de la consejería, pero no escondió cuál era su función. «Era muy prolífico en redes sociales y más cuando pasó a ser asesor. Fotografiaba dónde estaba, hacía proclamas independentistas, proclamaba que era escolta en activo y que estaba protegiendo al president. Además tenía todas las redes abiertas», ha afirmado el mando policial.
El intendente ha denunciado además injerencias políticas en el cuerpo de los Mossos para que Escolà pudiera hacer funciones de escolta a Puigdemont. En mayo de 2018, Albert Ballesta, que relevó a Puigdemont en la alcaldía de Girona y en ese momento era director de servicios territoriales de Interior en Girona, llamó al comisario Ferran López, para que concediera una excedencia a Escolà. Se negó. Es en ese momento cuando se activó la opción de designarle como asesor. La Fiscalía acusa al exconsejero Buch de haber malversado unos 52.000 euros, que era el sueldo que se le asignó el sargento como asesor.
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