Bruselas vigilará «de cerca» la amnistía pero incide en que Cataluña es un «asunto interno»

«Les puedo asegurar que la Comisión Europea seguirá muy de cerca esta cuestión», de manera «independiente y objetiva», sostuvo Reynders ante el pleno, donde también aclaró que la nueva ley deberá tramitarse en España antes de que Bruselas dé su opinión al respecto. «El análisis se llevará a cabo primero en el marco constitucional español, y cuando el texto final sea adoptado, la Comisión -como guardiana de los Tratados- contrastará su compatibilidad con el Derecho comunitario». En definitiva, el procedimiento seguirá los cauces habituales en Bruselas. La oficialización por Reynders de que la UE auscultará la amnistía por si vulnera el Derecho de la Unión estuvo acompañada de la reiteración de que las instituciones comunitarias siguen considerando «la situación en Cataluña» un «asunto interno» de España.

El representante del Ejecutivo europeo sí quiso destacar la «buena voluntad» del Gobierno de Sánchez, con el que ya se puso en contacto hace dos semanas para pedir más detalles sobre la medida de gracias a los secesionistas. Reynders dirigió dos cartas a los titulares de Justicia y de la Presidencia -entonces Pilar Llop y Félix Bolaños, quien ha asumido ahora las competencias de la exministra precisamente para gestionar la amnistía- reclamando más información. Se espera que el comisario y Bolaños, que ha enmarcado la polémica ley en una cuestión nacional en sus comunicaciones con la Comisión, se reúnan la semana que viene. El Ejecutivo y el PSOE recibieron con satisfacción la conclusión de la sesión plenaria, al interpretar que Reynders asume que la amnistía es un asunto interno y dar por hecho que el PP se mostró «indistinguible de Vox» ante la mirada comunitaria.

La intervención de Reynders no fue suficiente para calmar los ánimos del hemiciclo, en un debate bronco de casi dos horas. La discusión sobre la amnistía en la Eurocámara fue promovida por el Partido Popular Europeo (PPE) e incluida en la agenda de este pleno con el apoyo del grupo de los Liberales (Ciudadanos) y los Conservadores y Reformistas (Vox); Santiago Abascal se trasladó, incluso, a Estrasburgo para denunciar que la norma es «contraria a la Constitución» y Pedro Sánchez, un «golpista».

El líder del PPE, el alemán Manfred Weber, intervino en el debate para criticar que el Gobierno español «está violando el Estado de derecho». «El presidente Pedro Sánchez no puede conceder la amnistía, es anticonstitucional. Hay que poner fin al separatismo», subrayó Weber. La jefa de la delegación de los populares españoles, Dolors Montserrat, aseguró que en España se está produciendo «el desmantelamiento de la democracia europea», por lo que pidió a sus instituciones que actúen: «No permitan que Sánchez convierta el sueño europeo en una pesadilla populista.

Los socialdemócratas europeos y el PSOE, por su parte, acusaron a los populares de «instrumentalizar» el Parlamento Europeo para cuestiones de carácter nacional. La presidenta del grupo, Iratxe García, defendió la legitimidad del nuevo Gobierno de Sánchez y aseguró que el proyecto de ley de amnistía es una «apuesta por el camino del diálogo, el entendimiento y la reconciliación». Y aprovechó para lanzar un dardo al PP: «No hay mayor ataque al Estado de derecho que su alianza con la extrema derecha».

El papel de García en el debate del miércoles no era fácil, ya que durante años García se ha caracterizado por su oposición frontal a Puigdemont y sus intentos para reducir su capacidad de influencia en el Parlamento Europeo. Su postura giró radicalmente durante las negociaciones del PSOE con Junts para el pacto de investidura. A los socialistas apuntó precisamente el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, quien les pidió que apliquen en el caso de España los mismos parámetros que usan para evaluar la situación de países como Polonia y Hungría.