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Bruselas vuelve a escena. Si existe un actor que puede provocar el desbloqueo en el que se encuentra inmerso del sistema judicial esa es la Comisión Europea y ayer, la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová irrumpió en esta crisis para avalar, ... por un lado, el discurso del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en la apertura del Año Judicial, y del otro para advertir al Gobierno y al PP de que deben llegar a un acuerdo de manera «urgente». «Es una prioridad absoluta», asegura en una carta enviada este lunes al también presidente del Tribunal Supremo.
Jourová, una vez consumada la renovación, defiende abordar a continuación la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, «que la Comisión considera necesaria» para que sean los jueces quien elijan de forma directa a sus pares. En la misiva, hace referencia a la «desesperada situación» en la que se encuentra el Poder Judicial después de casi cuatro años de «anomalía institucional» y afirma que el correcto funcionamiento de las instituciones «no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate».
En junio pasado, la vicepresidenta de la Comisión ya se reunió con Lesmes en Madrid y este le detalló la «grave situación» que sufre el órgano de gobierno de los jueces. Jourová tomó nota y ahora interviene para recordar a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, la necesidad del inmediato desbloqueo de la negociación y la consiguiente recuperación de la «normalidad institucional». «Todos los actores, cuando desempeñan un papel constitucional, deben hacerlo con un espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera, teniendo en cuenta únicamente el interés superior del Estado democrático y de los ciudadanos», recuerda la responsable europea de defender los derechos fundamentales.
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En el entorno de Lesmes confían en la presión que pueda ejercer Bruselas para desatascar la «lamentable» situación que sufre el Consejo. Son conscientes de que internacionalizar el conflicto judicial era una de las pocas vías que quedaban para llamar la atención después del intento infructuoso de junio. La otra carta ya la jugó Lesmes en el discurso del miércoles, cuando planteó ante el Rey que dimitirá del cargo si «en las próximas semanas» no había un acuerdo entre el ministro Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons.
Del mismo modo, consideran en el Consejo que la intervención de la Comisión está avalada por las asociaciones judiciales, quienes ya han tocado la puerta de las instituciones europeas para denunciar el estado de los órganos responsables del funcionamiento de la Justicia y la necesidad de llevar a cabo reformas para dotarla de mayor independencia.
En cualquier caso, cualquier avance en la negociación del CGPJ depende antes de un asunto prioritario para el Gobierno: consumar la renovación del Tribunal Constitucional y provocar un cambio de mayorías, de conservadora a progresista. Pero para ello el Consejo debe elegir a dos candidatos y cubrir las plazas que le competen (las otras dos recaen en el Gobierno).
La buena noticia es que ayer vocales conservadores y progresistas designaron a sus interlocutores para esta tarea. Sin embargo, cualquier acuerdo no cumplirá con el plazo que recoge la ley aprobada por las Cortes en junio y que impulsó el Grupo Socialista para agilizar los cambios en la corte. La fecha tope es este martes, cuando han pasado tres meses desde que la norma entró en vigor.
Por parte de la llamada corriente conservadora (vocales designados por el PP) las conversaciones las encabezan José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, mientras que Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach serán la voz del bloque progresista (propuestos en su día por el PSOE).
La polémica reforma devolvió al CGPJ su capacidad para efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, pero solo para que designara a sus dos candidatos al Constitucional. De esta forma, el Gobierno, a través de esta iniciativa parlamentaria, enmendó de forma parcial la primera reforma que llevó a cabo en marzo de 2021 con el objetivo de forzar al PP para renovar el Consejo, que va camino de los cuatro años de interinidad.
Para ello se prohibió que designara magistrados para los altos tribunales mientras estuviera en funciones. Una restricción que, según denunció Lesmes, está teniendo unos efectos «devastadores», ya que hasta la fecha hay 63 vacantes 14 de ellas en el Supremo. Del mismo modo, de las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país 49 no están desempeñadas a día de hoy por un presidente titular.
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