Borràs alega ante la Junta Electoral que no tiene competencias para retirarle su escaño

El Parlament ya dijo que sus alegaciones irían en la misma línea de las presentadas en su momento en los casos que afectaron al presidente de la Generalitat Quim Torra y el secretario tercero de la Mesa Pau Juvillà, en el sentido de sostener que un órgano administrativo como entiende la Cámara catalana que es la Junta Electoral no puede retirar el escaño a un diputado si no hay sentencia firme.

El abogado de Borràs ha presentado este viernes sus argumentos. El letrado Gonzalo Boye aduce que la Junta Electoral no es competente para retirar el acta a un parlamentario y menos aún si no hay sentencia firme, como es este caso en que la dirigente nacionalista ha recurrido su condena al Supremo. Boye cree que la Junta Electoral estaría cometiendo un fraude de ley y a su entender la ley orgánica de régimen electoral (Loreg) no le faculta para dejar a un diputado sin su escaño de forma sobrevenida.

A su juicio hay una pretensión «ilegítima» de que la presidenta de Junts pierda su escaño definitivamente, lo cual «implica», según el abogado de la líder soberanista, «presentarla como culpable de un delito que no ha cometido. Boye argumenta que si la Junta Electoral deja a Borràs sin su acta de diputada, le estará provocando un daño irreversible, porque ya no podría recuperar su escaño aunque el Supremo la absuelva. «Se le vulnera la presunción de inocencia», aduce el letrado. Y se le vulnera también, señala, su derecho a la participación política y al sufragio pasivo. «Solo una condena a una pena de inhabilitación por una sentencia firme» puede hacer perder la condición de diputado, según los abogados de Borràs, que acusan a la Junta Electoral de «usurpar» las competencias que tienen los tribunales.

Tras las alegaciones, la Junta Electoral tomará una decisión. En concreto, este organismo se dirigió a la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergès, que es quien ejerce de presidenta, ante la suspensión de Borràs, para que le informara sobre las «decisiones, resoluciones o medidas» adoptadas sobre el tema. Es decir, le instaba a ejecutar la retirada del escaño. El Parlament solo ha presentado alegaciones. Y de hecho, la Junta Electoral recordaba que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que es la Cámara catalana quien tiene la competencia de retirar el escaño en caso de condena no firme. Pero que ante su «inactividad», «puede actuar la administración electoral», de acuerdo a la ley orgánica del régimen electoral general.