Bolaños intenta tranquilizar a Junts sobre la amnistía: «No ha habido cambios»

Un texto que, entre otras cuestiones, regula la justicia telemática y temas de función pública, régimen local y mecenazgo, pero que también añade una modificación a la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que ha levantado todas las alertas en el partido de Carles Puigdemont, hasta el punto que los independentistas ya ha anunciado su intención de tumbar esta normativa.

La cuestión es que este real decreto incorpora una modificación a la ley de enjuiciamiento criminal para garantizar, ahora por legislación nacional, que «el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordará la suspensión de las actuaciones hasta la resolución del Tribunal o hasta que se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial».

Junts considera que esta apostilla podría dar el poder a cualquier juez español contrario al borrón penal la posibilidad de bloquear la aplicación de la ley de amnistía –el mayor temor de los independentistas- por mucho que el texto que ha comenzado su trámite parlamentario afirme que los tribunales tendrán dos meses para aplicar la amnistía una vez aprobada por las Cortes españolas. El artículo 10 del texto que ya se está tramitando en el Congreso fija taxativamente que cualquier recurso que se presente contra la ley «no tendrá efectos suspensivos» y que los tribunales tendrán que aplicarlo de forma «preferente y urgente».

Así las cosas, este jueves el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se afanó en intentar tranquilizar a JXCat sobre el compromiso Sánchez de ir adelante con la amnistía. Bolaños insistió en que los de Puigdemont han «malentendido» el sentido de ese decreto y la cuestión prejudicial, porque «realmente no ha habido ningún cambio».

El ministro afirmó que lo que se ha incorporado es «jurisprudencia pacífica» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. De hecho, los jueces españoles ya hoy pueden paralizar cualquier resolución sobre la que vean dudas de legalidad en la norma que se les exija aplicar por mucho que ésta tenga el refrendo del Parlamento.

«Se incorpora en este decreto porque es un compromiso adquirido por España para desembolsar 10.000 millones de euros. Lo que la Comisión solicita es que incorporemos al Derecho español esa jurisprudencia. Con toda claridad digo que no ha habido ninguna novedad en las cuestiones prejudiciales», abundó para intentar tranquilizar a sus socios independentistas.