Bolaños aplaca el malestar de los jueces tras 40 días de alta tensión por el pacto con Junts

Anochecía el jueves en la plaza Villa de París, a las puertas del Tribunal Supremo, y la sonrisa del ministro Félix Bolaños a su salida de la sede, donde mantuvo un encuentro con el presidente interino Francisco Marín Castán, fue muy elocuente. Tras el plantón del magistrado una semana antes, el titular de Presidencia y Justicia aseguró a los medios que la reunión había sido «fructífera».

Bolaños tomó nota del «tremendo malestar» de los magistrados, quienes reprocharon la «tibieza» del Ejecutivo a la hora de responder a los ataques del partido de Carles Puigdemont. Y se llevó deberes para evitar la reactivación de la crisis: a cada señalamiento de dirigentes independentistas a los jueces, respuesta. A cada mención sobre presuntas prácticas de guerra sucia judicial ('lawfare') en Cataluña, respuesta.

Estas fueron las dos grandes exigencias de Marín Castán a Bolaños, quien tomó buena nota ante el horizonte que se vislumbra con la tramitación de la ley de amnistía y, sobre todo, el desarrollo de las comisiones de investigación parlamentarias que el PSOE pactó con Junts. El tema que más rechazó ha concitado en la judicatura desde que se conoció el pasado 9 de noviembre.

Entonces, los socialistas firmaron con la formación del «prófugo» Puigdemont un acuerdo de investidura en el que se abrían a examinar estas prácticas de 'lawfare'. De facto, suponía reconocer que el Poder Judicial persiguió a dirigentes independentistas antes y después del 'procés' de 2017. No tanto los jueces y fiscales como la policía judicial, después de que el independentismo se haya abrazado a su nuevo faro: el comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus revelaciones sobre la 'operación Cataluña' (una de las tres investigaciones aprobadas en el Congreso).

Estupefactos, en la cúpula del Supremo lamentaron que Pedro Sánchez no saliera a explicarlo desde el minuto uno e incluso diera cuartelillo durante varias semanas al relato triunfalista de Junts sobre la necesaria declaración de jueces y la revisión de sus resoluciones. «Unos tenían un papel firmado que decía 'lawfare' y nosotros, solo palabras», resume un portavoz judicial.

El punto culminante se produjo la semana pasada. Primero llegaron las palabras de la diputada Míriam Nogueras en la tribuna de la Cámara baja, acusando de «indecentes» a tres jueces del 'procés', y un día después se produjo el sonoro plantón de Marín Castán a Bolaños.

Solo en ese momento se produjo la reacción de Moncloa, el gesto que esperaban los magistrados: el ministro salió en tropel en su defensa, Sánchez aclaró este martes que estos no comparecerán en las comisiones y 48 horas después Bolaños firmó la pipa de la paz en el Supremo.