El bloqueo político condena a la Administración a ajustarse a un corsé presupuestario diseñado para 2018

Así, aunque la maquinaria del Estado sigue funcionando sin Presupuestos (las inversiones ya programadas se completan, los funcionarios y pensionistas siguen recibiendo su sueldo y la Administración funciona regularmente), el Gobierno no puede llevar a cabo muchas de las funciones que son básicas para el país económica y políticamente.

Algunas de ellas son tan importantes como las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Y es que Hacienda sin Presupuestos no puede actualizar la cuantía que entrega a las autonomías para su funcionamiento. La prórroga presupuestaria actual ha supuesto ya que las comunidades hayan recibido el mismo importe establecido en 2018, a pesar de que en el plan presupuestario de 2019 hubiera una actualización al alza para muchas de ellas. Desde Hacienda confirman que la mejora en la cuantía por el simple crecimiento de los ingresos no lo pueden recibir si no hay nuevos Presupuestos.

Otra de las consecuencias es que el Estado no se puede comprometer en grandes inversiones de futuro, sobre todo, en el campo de las infraestructuras. Las que estaban presupuestadas en 2018 se completan, eso sí, pero no pueden embarcarse en proyectos nuevos. Esto es un claro inconveniente para inversiones como las del AVE, ya que el Estado solo puede seguir construyendo las líneas que estaban previstas hace año y medio, y no pueden ponerse en marcha ninguno de los planes que el Gobierno tiene en el tintero porque son posteriores a esas cuentas.

Además, con unos Presupuestos prorrogados tampoco se pueden realizar subidas fiscales. Hasta que no se aprueben unas nuevas cuentas públicas no se podrá subir el IRPF a las rentas más altas, ni establecer el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades en el 15% o rebajar el IVA a productos de higiene femenina o a los servicios veterinarios, como prometía la ministra Montero en su plan presupuestario de 2019 que no vio la luz. En el caso de los impuestos de nueva creación previstos, la 'tasa Google' y el de las transacciones financieras, el problema es que no van vía Presupuestos, sino que tienen que ser aprobados en el Congreso, algo que con un Gobierno en funciones tampoco es posible.

Los Presupuestos influyen también en la concesión de becas de educación. Las comunidades pueden aumentarlas dentro de sus presupuestos, redistribuyendo sus prioridades teniendo en cuenta que las entregas a cuentas del Estado permanecen sin subidas. Pero a nivel estatal, se mantiene la cuantía de becas educativas que se presupuestó en las cuentas de Montoro de 2018.

Además, desde el ministerio confirman que al estar el Gobierno en funciones, la aprobación de medidas a través de decretos leyes está «muy limitado» a cuestiones «realmente urgentes», por lo que medidas de carácter social que se aprobaron en la última etapa del Gobierno de Sánchez por esta vía como la ampliación del permiso de paternidad o el subsidio para parados mayores de 52 años, no será posible hasta que se produzca la investidura.