El bloqueo al impuesto a las eléctricas proyecta la división entre el Gobierno y sus socios

Después de que el PNV lograse arrancar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que los tributos a las empresas multinacionales y a la banca sean gestionados por las haciendas forales, tanto en el País Vasco como en Navarra, en las filas postconvergentes sacan pecho de doblegar a los socialistas en una de las medidas acordadas entre PSOE y Sumar en el pacto de investidura, la de hacer permanentes los gravámenes a las entidades financieras y las energéticas.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, se felicitó este jueves de haber conseguido revertir un paquete fiscal que «estrangulaba a los ciudadano de Cataluña» y «salvar» con ello «inversiones y puestos de trabajo». A medida que se acercaba la fecha límite para incluir enmiendas, los junteros intensificaron la presión alegando que mantener el impuesto a las energéticas podía poner en riesgo el futuro de la planta petroquímica que Repsol tiene en Tarragona, clave para la economía catalana.

«Estamos haciendo aquello que nunca hará el señor Salvador Illa, priorizar Cataluña», proclamó Nogueras, en un dardo envenenado contra el president de la Generalitat, pero también al propio Sánchez, que fió su estrategia de distensión en esta comunidad a la investidura de su exministro de Sanidad. Junts, que calcula que las enmiendas pactadas con el PSOE permitirán ahorrar más de 2.500 millones de euros al tejido empresarial catalán, desvincula en cualquier caso este acercamiento de las conversaciones sobre las Cuentas Públicas después de que el Gobierno retirase a finales de septiembre la tramitación de la senda de estabilidad -la primera piedra para unos nuevos Presupuestos- ante la falda de apoyos.

«Carpeta a carpeta, pieza a pieza, y no se mezclan carpetas», ilustró Nogueras, en referencia a la trabajosa negociación presupuestaria. De hecho, las diferencias que plantean Sumar y el resto de fuerzas aliadas si decae el impuesto a las energéticas no solo pone más palos en las ruedas al Gobierno, en este asunto, de cara a la votación de las enmiendas en la Comisión de Hacienda en el Congreso, donde todos los grupos tendrán que expresarse y fijar su posición. También proyecta las dificultades a las que se enfrenta el Ejecutivo, con las Cuentas públicas en el horizonte, para cuadrar los intereses en juego de sus aliados.

Frente a Sumar, el socio minoritario de la coalición, que ha presentado un paquete de enmiendas al proyecto de ley defendiendo la permanencia de ambos gravámenes para lograr una «fiscalidad justa y suficiente», Podemos quiere marcar perfil propio y fue la formación más contundente en reproducir su malestar dejando en el aire la reforma del Impuesto de Sociedades si esta implica eliminar el tributo a las compañías energéticas. Para los morados, que quieren hacer valer sus cuatro escaños, este gravamen «debe convertirse en permanente» y su retirada supondría una reforma fiscal «encubierta y regresiva para nuestro país».

Su secretaria general, Ione Belarra, desdeñó la alianza entre el PSOE y «las derechas», en alusión al PNV y Junts, y deslizó que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, «manda más que Sánchez», antes de lamentar que así se «profundiza más la desigualdad y la crisis climática. No será con los votos de Podemos», advirtió en X.

Por su parte, EH Bildu y ERC presentaron el miércoles una batería de enmiendas conjuntas sobre el Impuesto de Sociedades, abogando por aumentar el tipo impositivo a banca y energéticas. Ambas esgrimen que, pese a los acuerdos alcanzados con el PSOE, será la mayoría parlamentaria del Congreso la que decidirá sobre la permanencia o no de estos gravámenes. «Todos los partidos tendrán que decidir si aspiran a tener un modelo fiscal a la madrileña o un modelo fiscal asimilable a los países más avanzados de Europea», adelantan desde Bildu.