Bildu se refuerza como socio de Sánchez al avalar la Ley de Memoria

Como viene ocurriendo a lo largo de la legislatura y con más intensidad en este período de sesiones, EH Bildu ha aprovechado el terreno de juego de que disponía para presentar su acuerdo con el Gobierno como una conquista de la coalición que encabeza Arnaldo Otegui. Aizpurua se ha congratulado de haber extendido el alcance legal de le ley hasta 1983; es decir, cinco años después de la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978. Esta enmienda da pie a la izquierda independentista vasca para perseverar, tras el final de ETA, en su relato histórico de cuestionamiento de la Transición y del régimen de derechos y libertades español, aunque, en realidad, el PSOE y Unidas Podemos ya habían presentado una precisión a su propio texto normativo para que la ley prolongara sus efectos hasta 1982 en atención al criterio de los historiadores, según adelantó hace unos meses el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Ese fue el año, aún bajo el temor al ruido de sables tras el frustrado intento de golpe de Estado, en el que Felipe González llegó al poder.

En paralelo, EH Bildu se atribuye la consolidación de que los tribunales franquistas fueron «ilegales e ilegítimos» -el nuevo articulado no tiene efectos penales retroactivos ni toca la Ley de Amnistía que sentó los cimientos para la reconciliación tras 40 años de dictadura- y arranca el compromiso de constituir una «comisión de ámbito estatal, carácter académico, temporal y no judicial e independiente» para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura». El objetivo es recopilar testimonios y documentación a fin de reconocer y resarcir en su caso, a partir de un análisis de «objetividad e imparcialidad», a las víctimas que sean identificadas como tales.

Y fruto también de la alianza con la formación de Otegi y Aizpurua, el Gobierno cederá al Ayuntamiento de San Sebastián el Palacio de la Cumbre, sede en su día de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa y un edificio convertido en siniestramente emblemático porque fue en sus dependencias donde la Guardia Civil comandada por el general Enrique Rodríguez Galindo y vinculada al entramado de los GAL torturó hasta casi la muerte a los miembros de ETA Josean Lasa y Joxi Zabala, cuyos restos aparecerían años después enterrados en cal viva en una fosa de la localidad alicantina de Bussot. Junto a ello, el fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, se transformará en un espacio «de memoria».

El pacto constituye, así, uno de los de más fácil asunción para el electorado de la izquierda abertzale en su paulativa incorporación a los acuerdos institucionales al certificar la revisión de lo que significaron los excesos del régimen de Francisco Franco y extenderlos a los primeros años de la andadura democrática. En cuanto al PNV, entre las enmiendas que habrían sido aceptadas por el Ejecutivo -esta mañana estaba reunida la ponencia parlamentaria- está el acceso a los archivos de la Guerra Civil y de la dictadura. Ambos síes ratifican a las dos familias del nacionalismo vasco como los aliados más estables y fiables de Sánchez en la legislatura y propician que éste vaya a alcanzar no solo la mayoría simple requerida, sino la absoluta, en una ley tan sensible apuntalando con sus 11 escaños los 120 del PSOE y los 33 de Unidas Podemos. El Gobierno ha logrado atraer también, además a los 4 diputados del PDeCAT, a la pléyade que agrupan Compromís, Más País, Coalición Canaria, Teruel Existe. PRC y la exintegrante de Unidas Podemos hoy en el Grupo Mixto Meri Pita. Es decir, 176 asientos en el Congreso.

La mayoría deja fuera de juego y de influencia a Esquerra, cuyos dirigentes constataban hoy que seguían «estancados» en la negociación con el Ejecutivo. No obstante, los republicanos sí se han abstenido en la ponencia para contribuir a que la tramitación de la norma prosiga.