ERC y Bildu amagan con tumbar el decreto anticrisis por el espionaje

Un mes después, el giro de guion es tan radical como digno de una legislatura abonada a la imprevisibilidad. Al igual que ocurrió en su día con los estados de alarma y, más recientemente, con la reforma laboral, el Ejecutivo ha tenido que desempolvar la calculadora para evaluar sus opciones. A un solo día del desenlace, la ratificación del decreto sigue en el aire. Porque, de un lado, parte de los socios habituales dicen no poder pasar por alto la trama de espionaje por muchas mejoras sociales que suponga el plan anticrisis. Y porque, del otro, el PP continúa sin ver atendida ninguna de las demandas que Feijóo le viene reiterando a Sánchez.

A estas alturas, el Gobierno tiene amarrados 166 votos a favor: los de PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), PDeCAT (4), Más País (2) y Compromís (1). A estos se sumarán, según sus cálculos, formaciones como el BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC y Teruel Existe, así como la no adscrita Meri Pita, con un diputado cada uno, para alcanzar los 172. Basta con mayoría simple, más 'síes' que 'noes', por lo que soberanistas y PP pueden inclinar la balanza con simples abstenciones.

Por el momento, ERC (13) y EH Bildu (5) han puesto sus votos en cuarentena, a la espera de explicaciones por el 'caso Pegasus'. De lo contrario, esos 18 escaños pueden acabar en la saca del 'no', por mucho que den al traste con medidas de carácter social. «¿Que esto puede ser lesivo para un partido de izquierdas como el nuestro? Sí, pero es que el único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa», lanzó este martes el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Por la coalición abertzale, Mertxe Aizpurua advertía de que el escenario es tan crítico que ha causado «una quiebra de confianza que puede abrir un abismo».

Ese punto crítico de la legislatura se acrecienta por la decisión de la Generalitat de «restringir al mínimo» sus contactos con el Gobierno como reacción a la operación de espionaje a los dirigentes independentistas. Las relaciones entre ambas administraciones se sitúan al borde de la ruptura y la mesa de diálogo, la iniciativa estrella de Sánchez para tratar de reconducir la tensión en Cataluña, ha quedado congelada 'sine die'. Todo queda a la espera de que el mandatario socialista mantenga una «conversación directa» con Pere Aragonès después de que la reunión entre Félix Bolaños y Laura Vilagrà acabara el domingo sin satisfacer a la parte catalana.

La Generalitat insiste en exigir dimisiones por el 'caso Pegasus', pero ahora además también está decidida a impulsar «las acciones legales necesarias» para esclarecer la trama de espionaje. Por lo pronto, ha encargado a su gabinete jurídico que estudie las actuaciones procedentes y reclama al Gobierno que desclasifique todos los documentos sobre el caso; en particular, el contrato del CNI con la firma israelí NSO para la adquisición del programa informático en cuestión.