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En el Supremo ya avisan que la denuncia por prevaricación de Unidas Podemos contra Meritxell Batet por retirar el escaño a Alberto Rodríguez va a tener el mismo final que tienen el 99% de las demandas que se presentan contra los políticos aforados: el archivo. ... Pero la anunciada denuncia de la formación morada contra la presidenta del Congreso ha sentado particularmente mal en el alto tribunal. Y no porque sea una cuita provocada por el cumplimiento de una sentencia del propio Supremo, sino porque esta nueva demanda tiene lugar precisamente en unos días en los que los intentos de judicializar la vida política, por parte de partidos pero también de particulares, están sobrecargando de «manera gratuita» a una Sala de lo Penal que, además de ocuparse de los embrollos judiciales de sus aforados, tiene que resolver en última instancia todos los asuntos penales de país que agotan la vía judicial.
«El Supremo no puede ser la última ventanilla de los enfrentamientos políticos», «Estamos cansados de la utilización política», «la más alta instancia judicial del país no puede ser el campo de batalla de querellas cruzadas de contenido político y no penal»…el lamento este sábado entre magistrados de todo el Supremo, y no solo de la Sala de lo Penal, era unánime.
Y es que llueve sobre mojado. Solo en los últimos días, el tribunal ha archivados dos denuncias penales contra la ministra de Igualdad, Irene Montero; otra contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y una última contra el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique. En todos estos casos, el archivo, a pesar de estar ‘cantado’ desde el inicio, provocó una apertura del expediente para la admisión a trámite, con el consiguiente tiempo y esfuerzo para revisar si existían defectos de forma, y ello antes de tener que reclamar informe a la Fiscalía, paso insoslayable previo a dar carpetazo al tema. Un archivo –explican desde el Supremo- que casi siempre se produce porque la denuncia solo se basa en recortes de prensa y conjeturas o, directamente, rezuma a guerra entre partidos o rencores «sin base ninguna penal» de un particular o un colectivo contra un determinado político o una formación rival.
En el alto tribunal insistieron este sábado que la denuncia de Podemos no molesta «ni más ni menos» que otras demandas políticas «muy recientes» que a priori era evidentes que tenían poca o ninguna base pero que han provocado trabajo y, sobre todo, desgaste para la institución de la Plaza de la Villa de Paris. En particular, se refieren a la los recursos interpuestos por Vox y el Partido Popular contra el nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado, que el pasado martes fueron directamente inadmitidos por la Sala de lo Contencioso del Supremo al considerar que ninguno de los dos partidos está legitimado para poner en cuestión la decisión del Gobierno. Y eso, a pesar que el sentir mayoritario entre los magistrados es que efectivamente el paso directo de Delgado desde el Ministerio de Justicia a la dirección del Ministerio de Público es más que criticable.
En el entorno del Supremo recuerdan que tanto en la formación que dirige Pablo Casado como la que lidera Santiago Abascal sabían que los recursos contra la designación contra Delgado no tenían ningún viso de prosperar. «Lo mismo que ocurre ahora con la denuncia contra Batet». «Pero les da igual. A unos y a otros. Siguen colocando al Supremo en el fuego de cruzado de la guerra política», apuntan con desánimo en el alto tribunal.
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