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Luis Bárcenas ha tratado de exculpar a Génova de la supuesta trama de financiación ilegal del PP valenciano, pero ha confirmado que el exsecretario general de la formación en la comunidad Ricardo Costa le alertó en una reunión de las irregulares que se ... estaban produciendo en el PPCV, al intentar endosar a empresarios afines gastos de las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
Bárcenas ha confirmado punto por punto las nuevas revelaciones de Costa, quien aseguró el pasado 24 de enero en el juicio sobre la red Gürtel en la Comunidad Valenciana que se reunió con el entonces gerente del PP para informarle de la financiación irregular.
Costa explicó que el exvicepresidente regional Víctor Campos le comunicó que tanto el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps como el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino le habían encargado "tener relaciones con los empresarios que financian al partido", mostrándole sobres con dinero en efectivo.
Según ha revelado hoy Bárcenas, efectivamente Costa se "desplazo desde Valencia" para mostrarle su "preocupación por la instrucción" de Campos, "tesorero de facto del partido". Luis Bárcenas ha dicho que "no era admisible" el hecho de "asignar facturas a determinadas empresas para que se hicieran cargo de gastos de partido". Es más, que "eso estaba terminantemente prohibido", sobre todos teniendo en cuenta "experiencias pasadas" como Filesa en el PSOE.
De acuerdo con la declaración del testigo Bárcenas, él mismo trasladó el contenido de la reunión a Álvaro Lapuerta, entonces tesorero nacional, que le prometió que hablaría "con Valencia" para acabar con esa práctica irregular. El exsenador, no obstante, no ha aclarado si efectivamente Lapuerta habló con Campos. "El tesorero nacional era el máximo responsable", ha abundado, por lo que Lapuerta no tenía que "trasladar" sus cuitas a otros dirigentes "políticos" del partido.
«Soy afiliado por Almería». El portavoz del PP en el Congreso se escabulló así de la pregunta sobre la legalidad de la financiación de su partido en Madrid y la Comunidad Valenciana. Rafael Hernando, tan propenso en otras ocasiones a opinar sobre todo, se abstuvo de comentar este martes las denuncias ante los jueces del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y su homólogo valenciano Ricardo Costa, así como las confesiones de los cabecillas de la trama Gürtel y los empresarios implicados en los pagos irregulares. Todos coincidieron en admitir la existencia de una caja B del PP en sus territorios para financiar las campañas electorales.
La propia Cristina Cifuentes, implicada por Granados en las maniobras financieras irregulares del PP de la Comunidad de Madrid, se lavó las manos respecto a la legalidad o no de la financiación de su partido. «Todo está en entredicho y hay una investigación judicial», comentó evasiva. También se negó a «poner la mano en el fuego» por la corrección de las finanzas populares de Madrid. «Suena a cosa medieval», indicó en una entrevista en la cadena Cope. A lo sumo que llegó fue a decir: «No sé, si como dicen, hubo financiación más allá de lo que establece la legalidad».
Sentada la premisa por parte de la dirección nacional del PP de que todo lo que declaran los acusados en los juicios por la financiación ilegal forma parte de sus «estrategias de defensa», en las que tienen derecho a mentir, se impuso el silencio entre los dirigentes del partido y nadie, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, defendió la legalidad de los procedimientos. Su locuacidad bajo mínimos se limitaba a acogerse a lo que digan los tribunales. El argumento utilizado en ocasiones por Mariano Rajoy y otros miembros de la dirección de que se trata de asuntos ocurridos «hace mucho tiempo» parece haber pasado a mejor vida.
Las únicas palabras de los dirigentes del PP sobre la financiación fueron para denostar «la bajeza» de las manifestaciones de Granados ante el juez de la trama Púnica, Manuel García Castellón, en lo referido a Cristina Cifuentes y su supuesta «relación sentimental» con Ignacio González. Del contenido de la declaración, nada.
Tampoco los expresidentes madrieños Esperanza Aguirre o Ignacio González salieron a defenderse de las acusaciones del que fuera su compañero de troika en la dirección del PP de Madrid y en el Gobierno autonómico.
El extesorero, durante su declaración como testigo en el juicio sobre la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, ha afirmado que la dirección general del PP dio "instrucciones precisas" a todas las agrupaciones (también a las valencianas), tanto de manera escrita como verbal, para que en las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 se usaran exclusivamente los fondos previstos por la ley y "remitidos" desde Madrid. Con esas instrucciones, obviamente también se prohibía usar donaciones de empresarios para pagar mítines y otros eventos de partido.
"Cualquier gasto no controlado podía suponer los límites de gasto", ha señalado Bárcenas, por lo que la dirección nacional ordenó no "aportar fondos propios a la campaña". Con este argumento, el exsenador ha exculpado al Partido Popular nacional de las supuestas irregularidades en las dos campañas, que son el epicentro de las acusaciones que ahora se juzgan.
En cualquier caso, Luis Bárcenas ha eludido algunas de las cuestiones más espinosas, ya que –ha apuntado- no era su tarea estar encima de las cuentas de cada circunscripción. "La rendición de cuentas se hacía en cada comunidad autónoma", se ha excusado, apuntando la responsabilidad de los gerentes locales.
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