Ayuso y otros seis presidentes del PP confrontarán este lunes con Aragonès por la amnistía

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a los comicios autonómicos del próximo 12 de mayo aprovechará el altavoz que le proporciona el foro para polarizar el debate y hacer una defensa cerrada sobre la medida de gracia como «punto de partida imprescindible» para que los catalanes puedan votar sobre la independencia. La celebración de un referéndum pactado con el Estado es otro de los caballos de batalla del dirigente republicano en su búsqueda de la reelección, que defenderá a capa y espada desde la tribuna del Senado para marcar territorio ante sus competidores de Junts.

Como el resto de barones populares que sí han confirmado su asistencia, Aragonès dispondrá de diez minutos en los que defenderá un voto particular contrario al informe de la ponencia aprobado el jueves en relación con la proposición de ley de amnistía en el que se alerta de que, de ser aprobada la norma, puede motivar futuros «actos insurreccionales» como los que se vivieron en 2017. El mandatario catalán hará hincapié en que la ley cumple «todos los estándares que exige el Derecho internacional» y no rompe con la Constitución y recalcará que con su aprobación se dará «el primer paso» para la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado. Un paso, insistirá, que abrirá el camino para solventar el problema de forma definitiva con la celebración de un referéndum.

«Como independentista y de izquierdas, trolear al PP siempre es apetecible», afirmó con sorna Aragonès el jueves nada más confirmar su asistencias al foro. Esta vez, a diferencia de lo que hizo seis meses atrás, sí se quedará a escuchar lo que tengan que decir sus homólogos del PP, que coincidirán en expresar su rechazo rotundo a la amnistía y pondrán de nuevo el foco en «las desigualdades» que promueven desde el Ejecutivo de Sánchez al comprar todos los postulados del secesionismo.

En el informe realizado por la comisión sobre la ley se recoge el conflicto que produce la amnistía en el Estado de las Autonomías, pues acaba, argumenta, con el principio de igualdad recogido en la Constitución e «incide de forma negativa sobre el principio de solidaridad en la medida que lo desprotege». Hace referencia también al perdón de los delitos de malversación cometidos con el pretexto de conseguir la secesión de Cataluña y avisa de que «la lesión de los intereses financieros de la Hacienda común supone una lesión de los intereses financieros de todas las comunidades».

Un perjuicio económico contra el que levantarán la voz, además de la presidenta Díaz Ayuso, Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María Guardiola (Extremadura), Fernando López Miras (Murcia) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y Juan José Imbroda (Melilla). En la cita de octubre varios de estos dirigentes autonómicos ya avanzaron su intención de acudir a los tribunales para impedir posibles «agravios y discriminaciones» a sus comunidades si hay ventajas en financiación o condonación de deuda a Cataluña.

Enfrente para confrontar no estará ningún representante del Gobierno. En Moncloa aducen que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado de las relaciones con las comunidades, no ha recibido invitación formal. Tampoco acudirá ninguno de los mandatarios socialistas –ni la navarra María Chivite, ni el asturiano Adrián Barbón, ni el castellanomanchego Emiliano García Page– que justificaron su negativa a participar en la comisión por el «uso partidista» que está haciendo el PP de la Cámara.

La voz del PSOE estará representada, en todo caso, por el senador Juan Espadas, que será el encargado de defender que la ley de amnistía es un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho y respeta a las comunidades, en contra de lo que argumentan los populares. «Ni vulnera el principio de igualdad, ni la separación de poderes», alegan los socialistas.

En el turno de portavoces, Junts tratará de echar para atrás los argumentos del PP sobre la norma alegando que se «equivoca» al intentar «engarzar el principio de igualdad con el delito de malversación» porque lo hace, afirma, «desde la perspectiva de algo que conoce muy bien: la corrupción». Pese a los votos en contra del PSOE y de los soberanistas, el informe resultará aprobado sin apenas modificaciones dada la mayoría absoluta de los populares y que les servirá para fundamentar sus futuros recursos ante la justicia española y europea.