Ayuso planta batalla judicial a Sánchez con seis procesos en dos años

La llegada de la covid-19, arrasando todo a su paso, enfrentó al Sol y a la Moncloa en numerosas ocasiones a cuenta en su mayoría por los cierres generalizados ordenados desde Sanidad a tenor de las malas cifras de contagios. Así, el Gobierno regional interpuso sendos recursos contra el cierre del puente de octubre de 2020, decretado el 30 de septiembre; y el cierre del puente de San José y la Semana Santa de 2021, dictaminado el 11 de marzo de ese mismo año. Madrid defendía sus «medidas quirúrgicas» y actuar allá donde la incidencia era mayor mientras el Ministerio, dirigido entonces por Salvador Illa, apostaba por echar el cierre y ordenar el confinamiento perimetral de la región a instancias del Consejo Interterritorial.

Los letrados argumentaron que el Ejecutivo de Sánchez carecía de capacidad para imponer el acuerdo de este órgano porque es una institución exclusivamente dedicada a la «coordinación» y porque, según el estado de alarma vigente en ese momento, las «autoridades delegadas» que debían tomar las decisiones sobre las medidas que se ofrecen en ese decreto (entre ellas, los cierres autonómicos) eran exclusivamente las comunidades.

Durante la pandemia, el Gobierno de Ayuso también recurrió ante la Audiencia Nacional la orden del 4 de junio de 2020, sobre las restricciones en la hostelería y el ocio nocturno impuestas por el Ejecutivo central, eje de la campaña de la dirigente madrileña en las elecciones del 4-M. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó poco después la suspensión cautelarísima solicitada por el Gobierno autonómico al considerar que causaba «un daño inmediato, irreparable e insubsanable» en los negocios afectados.

La primera entrega de los fondos europeos a las comunidades dentro del plan para ayudar a la recuperación tras la pandemia acabó igualmente en los tribunales. El Gobierno de Ayuso denunció ante el Supremo que el reparto fue «arbitrario» porque se habían elegido a cuatro regiones –País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura– por el procedimiento de concesión directa, supuestamente saltándose los métodos establecidos para favorecer a comunidades en cuyos gobiernos participa el PSOE frente a otras. Según justificó el Gobierno de Ayuso, esa distribución se hizo aplicando «criterios sectarios y partidistas». El proceso sigue abierto.

La conocida como 'ley Celaá' ha sido otro de los caballos de batalla en el continuo choque entre Sol y Moncloa. El Gobierno madrileño recurrió el pasado junio ante el Supremo el currículo académico de Bachillerato solicitando su suspensión cautelar por «la falta de contenidos» del mismo y su «elevada carga ideológica». Ayuso aseguró que usaría «todas las herramientas del estado de derecho» para tratar de frenar la «doctrina» incluida en el currículo de Bachillerato, y no descartó acudir al Constitucional si se demostraba que se invadían las competencias autonómicas.