Así ha repartido España 280 millones en África para frenar la inmigración irregular

La visita tardía de Sánchez a Mohamed VI al entrar en el Gobierno y el asfixiante verano de 2018 en la costa gaditana preludiaron la mayor ayuda directa jamás entregada por España para luchar contra la inmigracion irregular. 32,3 millones de euros que se gastaron «íntegramente en dietas e incentivos personas». Aquel encontronazo con Rabat cambió el curso de este cauce de subvenciones que nació en 2007, vía real decreto, y que tiene «como objetivo prioritario la prevención». Una línea de ayudas, cuyo fin de gasto es opaco, por la que se han concedido más de 280 millones.

Desde la India o Pakistán, que gastaron poco más de cuatro millones en 2008 junto a Níger, Gambia, Ghana, Guinea, Costa de Marfil, Nigeria, Guinea Bissau, Mali, Senegal y Mauritania, han sido 17 territorios los que han recibido dinero hasta 2022.

La ejecución presupuestaria se estabilizó entre 13 y 15 millones al año, contando con los 10 millones que se lleva el servicio de guardacostas mauritano cada ejercicio para gastar en carburante, mantenimiento y/o dietas y con otros tres que se van a Senegal y que incluyen los 7.600 euros en «gastos de bolsillo» del oficial de enlace en el Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC). A su homólogo mauritano le fueron concedidos 106.000 euros el año pasado.

El gran cambio llegó con los 32,3 millones de Marruecos. Las resoluciones que son públicas y a las que ha accedido este medio comienzan en 2016 y los importes totales concedidos encajan con la ejecución presupuestaria facilitada por Interior, exceptuando el caso de 2021.

Mohamed VI no fue el primero. Pedro Sánchez rompió con la tradición de trasladarse al país vecino en su primer viaje oficial como Presidente del Gobierno. El desplante no gustó al monarca y para cuando ambos mandatarios cuadraron sus agendas, en noviembre de 2018, las llegadas de inmigrantes en situación irregular a España se habían duplicado respecto al año anterior (de 25.786 a 59.048 desde enero). Solo en octubre llegaron a las costas peninsulares y Baleares más de 10.000 migrantes irregulares (fueron 13.424 en toda España durante 2008).

Ya el verano había sido terrible en las costas andaluzas, especialmente en el litoral de Cádiz. Algeciras quedó desbordada. Hasta julio, un mes después de la moción de censura a Rajoy que aupó a Sánchez al Gobierno, habían llegado a España tantas personas como en todo el año anterior (26.260). A finales de ese mes, en Ceuta pasaron el perímetro fronterizo cerca de 600 personas en situación irregular en un violento salto.

De hecho, 2018 se iba a convertir hasta ese momento en el curso con más llegadas de la década anterior. La gran mayoría de estas, un 90%, por vía marítima. Arribaron un 65% más de embarcaciones.

Al término de aquella reunión tardía con el rey marroquí, Sánchez presentó a España como el «principal socio valedor» de Marruecos ante la Unión Europea. El año siguiente, con los Presupuestos prorrogados del ejercicio anterior, el Gobierno autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar un suplemento de crédito, por importe de 30 millones de euros, para el Ministerio del Interior. Con ellos se aprobó una ayuda de 32,3 millones para el Reino de Marruecos que se destinó «íntegramente al abono de dietas e incentivos personales» de las autoridades marroquíes, como adelantó este medio.

A final de 2019, los inmigrantes en situación irregular que atravesaron las fronteras españolas eran la mitad que el año anterior.

Todo pareció haber sucedido en tres meses. El 22 de abril de 2021, el semanal Jeune Afrique publicó que Brahim Gali, líder del Frente Polisario, estaba ingresado en un hospital de Logroño. El 17 de mayo, al otro lado de la frontera ceutí se corría la voz: los efectivos marroquíes se mostraban laxos en su función. De madrugada, entre 8.000 y 12.000 inmigrantes se abalanzaron hacia la ciudad autónoma, de los que buena parte regresó de manera voluntaria horas y días después. El 18 de mayo, el Consejo de Ministros aprobaba una nueva ayuda de 30 millones de euros y el 16 de junio Fernando Grande-Marlaska firmó la resolución.

Y aunque era la primera vez que esta ayuda directa estaba prevista en los Presupuestos (la partida en cuestión pasó de 13,5 a 43,5 millones), Interior asegura que no fue ejecutada. Ello a pesar de que en otros documentos oficiales el total ejecutado sí suma esos 30 millones.

A final de año, las llegadas se triplicaron respecto a 2020, con la pandemia. Sin bien no se contabilizó aquel salto en Ceuta porque, advirtió Interior, no eran «técnicamente» inmigrantes clandestinos, sino que saltaron la valla por «oportunidad».

La última gran ayuda entregada por esta vía fue aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2022, en vista de «la necesidad de apoyar los esfuerzos del Reino de Marruecos para hacer frente a la presión migratoria». Fue concedida en noviembre. Cinco meses después del salto en el Barrio Chino de Melilla, donde los agentes marroquíes actuaron con dureza y que dejó entre 23 y 37 muertos, según las fuentes.

Fueron otros 30 millones que podían destinarse a patrullaje, mantenimiento de los elementos de vigilancia y, como en el caso de 2019, a dietas e incentivos personales.

Este año, la partida presupuestaria en cuestión, «Cooperación Internacional: ayudas directas», suma un presupuesto inicial de 43,7 millones de euros.

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