Las ayudas a la compra y al alquiler que promete el PP: para menores de 35 años con ingresos hasta 40.000 euros

Del mismo modo, los beneficiarios del cheque de mil euros también serán los menores de 35 años con ingresos hasta 30.000 euros, si bien quienes tengan rentas de entre 30.000 y 40.000 euros también contarán con una ayuda, aunque menguante a partir de la cifra de 1.000 euros. De acuerdo con los cálculos del Partido Popular, esta medida tendrá un coste de 400 millones de euros para el Estado, dado que calculan que alcanzará a 400.000 beneficiarios. Mientras tanto, los avales supondrán un importe menor, puesto que las arcas públicas sólo incurrirán en un gasto en el caso de que haya impagos y en estos momentos la morosidad ronda el 2,5% y en los peores momentos de crisis se ha situado en el 7% -cifra inferior en el caso del alquiler-. Ello implica que avales por valor de 1.000 millones apenas supondrían un cargo para el Estado de 70 millones en un escenario adverso, de acuerdo con los números esbozados por Juan Bravo.

El vicesecretario de Economía ha resaltado que la prioridad del Partido Popular de llegar al Palacio de La Moncloa es elaborar un pacto de Estado sobre vivienda. Y que las que ha presentado este miércoles son sus aportaciones. Entre esas iniciativas se cuentan también la elaboración de una ley anti-okupación que endurezca las penas e incluya la creación de oficinas técnicas municipales que cuenten con asesoría jurídica a los vecinos y el refuerzo de la policía local.

La propuesta incluye también la creación de un observatorio de la vivienda y el suelo para saber lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario, el diseño de un urbanismo ágil con planes urbanísticos que perduren y un sistema general de vivienda social para tratar de la misma manera a todas las casas titularidad del Estado o con algún tipo de protección con objeto de simplificar la casuística.

A la hora de valorar la ley de vivienda pactada por el Gobierno y sus socios, Bravo ha saludado que incluya incentivos fiscales, cosa que considera que es una copia de la propuesta popular, pero en términos generales ha cargado contra una norma en la que ve «intervencionismo puro y duro», un modelo que, ha incidido, «no ha funcionado en ningún sitio». De esta forma, ha enumerado lugares en los que, a su juicio, el control de los precios se ha saldado con una reducción de la oferta y una subida de los alquileres. Además, ha incidido en cómo la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, o el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su momento se manifestaron en contra de poner topes en los arrendamientos. También ha señalado que si el objetivo para que bajen los precios es que haya más oferta, el Ejecutivo la desincentiva por las subidas de impuestos o el señalamiento a los propietarios. Además, Bravo ha ironizado con los anuncios gubernamentales sobre las viviendas que prevén poner a disposición de los ciudadanos y los ha calificado de «fantasma» y de «puja electoral». Las duras críticas de los populares a Sánchez han tenido un colofón por su parte: «Es el mayor especulador de España; cada vez que habla, sube el precio de la vivienda».

El documento presentado por el Partido Popular este miércoles incluye medidas tributarias para incentivar el alquiler, como la deducción fiscal a los arrendadores sobre las rentas generadas en alquileres de las viviendas que sirvan como residencia habitual, especialmente cuando los arrendadores sean menores de 35 años, mayores de 65 años o personas con bajos ingresos. También, para favorecer una rehabilitación eficiente. O cuando se incorporen viviendas vacías al mercado del alquiler. Pero Bravo ha pasado muy de puntillas sobre otra propuesta popular de hace unos meses, la deducción por compra de vivienda: ha precisado que el rescate de este beneficio fiscal desaparecido en la década pasada se incluía dentro de su paquete de medidas de alivio por la subida de la inflación, que estaba destinado a rentas medias y bajas, que era por dos años y por una cuantía máxima de 750 euros. Pero sigue en pie.