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La jueza Beatriz Biedma tiene luz verde para ampliar hasta Moncloa la investigación sobre la supuesta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez por parte ... de la Diputación pacense. La Audiencia Provincial de Badajoz, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, ha rechazado la maniobra de David Sánchez 'Azagra' para intentar frenar las diligencias ordenadas por la instructora con el fin de indagar sobre su relación con el exasesor de Moncloa que se refería a él como «hermanito», quien le pidió trabajo y que finalmente fue contratado por la Diputación de Badajoz en enero de 2024 como una suerte de asistente del músico, aunque desde tiempo anterior ya colaboraba con sus proyectos operísticos mientras todavía era personal de Presidencia de Gobierno.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, en un auto firmado este jueves, básicamente rechaza de plano el recurso de apelación de Azagra contra la orden de Biedma de encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre las «relaciones previas de carácter profesional» que el hermano del presidente, quien ya ha renunciado a su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, mantenía con Luis Carrero, quien fue personal de confianza de Moncloa.
El músico el pasado febrero alegó que la investigación de la relación personal entre Sánchez y Carrero era una «expansión de la investigación judicial» original por posible tráfico de influencias por la contratación del hermano del presidente en 2017 y por el posterior ascenso de éste a jefe de Oficina de Artes Escénicas para colmar así sus aspiraciones profesionales. Defendía el abogado de Azagra que investigar la relación profesional entre Carrero y su cliente no estaba entre los objetivos primigenios cuando se ordenó la intervención de los correos electrónicos de varios altos cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz y que tampoco la instructora estaba indagando la «cobertura de legalidad de la satisfacción de las preferencias personales del señor Sánchez».
Sin embargo, los magistrados niegan esas acusaciones de investigación «prospectiva» y recuerda al hermano de Pedro Sánchez que la instrucción de un proceso siempre está viva y que puede ir cambiando de rumbo según las nuevas pruebas. «No pude entenderse que el elenco de personas investigadas en este momento y mencionadas en dichos autos sea inamovible», apunta la Audiencia Provincial, que insiste en que la «dinámica progresiva de esta fase impide» que se «cierre» un listado de hechos y sospechosos.
Reconoce el tribunal que efectivamente al inicio de la instrucción no se puso el foco en la figura del asesor de Moncloa, pero incide en que es «evidente» que la «identidad» de Carrero ha aparecido «a raíz de la investigación sobre los correos incautados», por lo que ahondar en esos mails supone solo «completar la investigación, siempre orientada en la persona del señor Sánchez».
«La motivación de la jueza para investigar esos correos viene expresamente razonada exhaustivamente», abundan los magistrados, quienes subrayan que Biedma en modo alguno ha incurrido en un «exceso de objeto en la investigación».
Pero la Audiencia Provincial de Badajoz va más allá de rebatir el fondo del alegato del familiar del presidente, para insinuar que Sánchez en realidad solo busca entorpecer la instrucción con este tipo de escritos: «Recordamos no obstante la improcedencia de recursos de apelación en estos casos, según la doctrina seguida por esta sala, cuando de lo que se trata es simplemente de acordar diligencias de investigación, que no suponen ninguna infracción legal ni constitucional».
Luis Carrero, según la información remitida a la jueza de Badajoz por Moncloa, fue asesor de Presidencia (como «personal eventual en puestos de confianza o asesoramiento») desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, justo antes de incorporarse a la Diputación de Badajoz como mano derecha de 'Azagra'. En Moncloa fue profesor de Escuela Oficial de Idiomas en la «Unidad de Mensaje» del Departamento de Análisis y Estudios de Presidencia del Gobierno.
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