La Audiencia permite un acto en Alsasua contra la Guardia Civil

En su resolución, la Audiencia ordena a las autoridades y fuerzas de seguridad evitar que la convocatoria se convierta en un acto de enaltecimiento terrorista o de humillación a la víctimas. Solicita también que se adopten las medidas que consideren necesarias para impedirlo, además de elaborar un atestado sobre los hechos si fuera necesario. «Estos actos, además de ser constitutivos de un delito de odio hacia el colectivo, pretenden perpetuar uno de los episodios más oscuros de la historia reciente y que tantas vidas costaron a los Guardias Civiles y familiares», denunció el portavoz de Jucil, Agustín Leal.

Esta asociación, surgida de la plataforma Jusapol, reclamó, sin éxito, el jueves al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado la suspensión de la celebración del 'Ospa Eguna' al considerar que se incurre en un delito de odio que persigue la «humillación» de los agentes. «Vosotros sois el virus», reza el cartel de la convocatoria de este año, en la que se compara a los guardias civiles con el coronavirus.

Tras conocerse la decisión de la Audiencia, el líder del PP, Pablo Casado, reclamó al presidente del Gobierno que «no permita» el acto. A juicio del dirigente conservador, Pedro Sánchez «debe exigir al alcalde respeto a los agentes que fueron agredidos con sus familias», en alusión a los dos guardias civiles atacados junto a sus parejas, en esta localidad. Hechos por los que se juzgaron a ocho jóvenes de la localidad que fueron condenados por la Audiencia Nacional a entre dos y trece años de cárcel y que luego el Tribunal Supremo rebajaría a entre un año y medio y nueve años y medio de prisión.

En caso de que el regidor, de Geroa Bai, no accediera a cancelar el acto, el PP cree que el Ejecutivo «debe usar el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local frente a la complicidad municipal con los violentos». Esto es disolver la corporación local «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales» que suponga un «incumplimiento de sus obligaciones constitucionales».

El artículo recoge, además, que se considerarán decisiones gravemente dañosas para los intereses generales los «acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen».

El año pasado, la Audiencia Nacional ya investigó el acto por si en el trancurso del mismo pudiesen haberse materializado delitos de apología del terrorismo, pero consideró que, en todo caso, serían susceptibles de un delito de odio, por lo que lo remitió la causa a los juzgados de Navarra que, finalmente, archivaron la petición.