La Audiencia Nacional ordena reabrir la pieza de Gürtel tras las declaraciones que señalaron a Camps

En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de lo penal estiman así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del citado procedimiento, en la que Ibars -exdirectora General de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana durante la etapa de Francisco Camps- está acusada de presunta prevaricación administrativa.

Recuerda la Sala que los hechos imputados a Ibars se refieren, en primer lugar, a la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un 'pen drive' que se iba a utilizar como regalo institucional. Un procedimiento en el que para sustraerse del control administrativo las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

En segundo lugar, la Fiscalía acusa a Ibars por los hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con la empresa del Grupo Correa, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

El auto indica que el motivo de la petición de la Fiscalía radica en las revelaciones que tienen lugar al inicio del juicio oral del Juzgado Central de lo Penal con las declaraciones de Costa, Correa, Crespo y Álvaro Pérez «de las que se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el partido Popular en la Comunidad Valenciana», entre otras declaraciones expuestas durante la vista oral.

La Sala explica que la influencia de estas revelaciones en el juicio por la financiación irregular del PPCV es «fácil de comprender, dada la íntima relación entre ambas causas en las que son coincidentes muchos de los acusados». Añade que en este caso se trata de averiguar si la acusada Dora Ibars en su calidad de directora general de Promoción Institucional es quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market en las ocasiones reiteradas en el escrito de acusación o bien «tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio». En concreto al expresidente Francisco Camps.