La Audiencia Nacional espera juzgar antes de un año a los tres únicos procesados por el 17-A

En el banquillo sólo se sentarán dos miembros de la célula terrorista y un colaborador del grupo. Ninguno de ellos, sino cambian las cosas antes, responderá por el asesinado de las 16 víctimas mortales y los 140 heridos de los atropellos de Las Ramblas y del paseo de Cambrils. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste, como ya hizo el juez instructor Fernando Andreu en su auto de procesamiento, en que ninguno de los tres puede ser acusado de autor material, ni si quiera como cooperador necesario, de los atentados. Con estas acusaciones, las penas máximas a las que se enfrentan estos supuestos terroristas de 'segundo nivel' en ningún caso superarían los 44 años de cárcel.

Andreu procesó el pasado octubre a Driss Oukabir, a Mohammed Houli Chemlal y a Said Ben Iazza, los dos primeros como miembros de la célula yihadista de Ripoll y el tercero como colaborador. El juez atribuye a Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta del atentado de Las Ramblas de Barcelona, y a Houli Chemlal, herido en la explosión del chalé de Tarragona, delitos de integración en organización terrorista (entre seis y catorce años de prisión), fabricación y depósito de explosivos (de ocho a 15 años) y tentativa de estragos (de diez a 15 años), en este último caso por los planes de atentar contra diversos objetivos que, dos años después, la investigación no ha logrado determinar con certeza.

A Ben Iazza, quien facilitó su documentación a los autores de la masacre para comprar los componentes necesarios para fabricar el explosivo conocido como «la madre de Satán», solo le imputa un delito de colaboración con organización terrorista, que contempla penas de entre cinco y diez años de prisión.

Las acusaciones, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, consideran que al menos Oukabir y Chemlal deberían también haber sido procesados por delitos de asesinato consumado y en grado de tentativa en relación a las 16 víctimas mortales y los 140 heridos en los atentados. En cuanto al tercero, Iazza, las acusaciones también han reclamado cambiar su imputación por la de integración y depósito de explosivos. La tesis de las acusaciones, en síntesis, es que existió una voluntad «inequívoca, decidida, coordinada y cohesionada» entre los procesados y los autores materiales de los atentados que fallecieron.

Las acusaciones no han tirado la toalla y han presentado todo tipo de recursos contra el auto de procesamiento y escritos para que se les permita acusar con más dureza a los tres procesados. Según la Asociación 11M, la muerte de los autores materiales «no termina con las responsabilidades penales derivadas de estos crímenes». «Dejar estos delitos fuera sería sumamente grave, permitiendo cierto grado de impunidad y un cierre en falso del juicio que impediría una sentencia consecuente con los hechos ocurridos y perpetrados por los miembros de la célula y no sólo los fallecidos», subrayó esta semana la asociación.