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La Audiencia Nacional ha concluido parte de la instrucción sobre las actividades de la empresa de venta de material de Defensa (Defex), participada de forma mayoritaria por la SEPI y en la actualidad en fase de liquidación por el «daño reputacional» ocasionado por ... su presunta corrupción comercial.
El juez José de la Mata procesó este miércoles a Defex como persona jurídica y a su director comercial Manuel Iglesias Sarriá por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos de forma irregular en Camerún. Para ello, concluye el instructor, se sirvieron del pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos del país africano (al menos 414.000 euros).
El instructor también procedió contra el presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López i Salvadó; el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque Ramírez, así como contra las personas jurídicas Aresa Merina SL y Deimos Space SLU.
Los hechos investigados se refieren a los contratos sobre repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras. Serían constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (actualmente corrupción en los negocios), falsedad documental, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
La pieza sobre los contratos de Defex en Camerún es la segunda que el magistrado propone juzgar de este caso que involucra a la empresa pública de venta de material de Defensa en distintos países.
La primera pieza fue en Angola el pasado julio y De la Mata ordenó el procesamiento de 27 personas y cuatro sociedades, Defex entre ellas por operaciones sospechosas por más de 152 millones.
Entre los procesados en aquel momento que están pendientes de juicio se encuentran los «auténticos líderes» de la trama, Juan Carlos Cueto, José Ignacio Encinas, Ángel María Larumbe, el citado Manuel Iglesias y la sobrina del célebre espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa.
Una de las grandes incógnitas de la causa es el paradero del ciudadano francés Phillipe Bourcier, «pieza clave» de toda la operativa corrupta como comisionista y que actualmente se encuentra en busca y captura. Defex pagó presuntamente a Bourcier y a sus empresas entre los años 2002 y 2016 más de 12,3 millones.
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