La Audiencia Nacional juzga a los dirigentes de Batasuna en Francia Aguerre y Larralde

El escrito de acusación sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna, y Aguerre y Larralde formaban parte en 2007 junto a otra veintena de personas de la Mesa Nacional del partido ilegalizado, concretamente en representación de las provincias del País Vasco Francés.

Por el intento de renovar este entramado de Batasuna y de sus sucesores Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) ya fueron juzgados entre finales de 2015 y principios de 2016 un total de 35 dirigentes de la izquierda abertzale, entre ellos algunos históricos como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

Aunque la Fiscalía pedía en un principio diez años de cárcel para todos ellos, el juicio finalizó mucho antes de lo previsto después de que los acusados reconociesen haber sido "instrumentalizados" por parte de ETA y alcanzaran un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia. Así, los 35 aceptaron condenas que oscilaban entre año y medio y dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista.

En el pacto, los procesados reconocieron que sus actividades fueron contrarias a la legalidad y mostraron su "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".

Todos reconocieron los hechos objeto de acusación basados en que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.

Según el texto del acuerdo alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones populares, la ejecución de las penas era suspendida habida cuenta del "reconocimiento de los hechos y de voluntad de reparar a las víctimas del terrorismo". Las condenas fueron reducidas con la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido más de cinco años desde el escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral.