Los 'Jordis' seguirán en prisión incondicional

De nada han servido los argumentos de las defensas de los acusados por un delito de sedición. Sus abogados han alegado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, que provocó la disolución del Parlament y la destitución del Govern catalán, ha difuminado la proclamación de la declaración unilateral de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre.

El teniente fiscal José Miguel Carballo ha pedido en la vista que se les mantengan en prisión provisional porque continúan los presupuestos que les llevaron a la cárcel: reiteración delictiva y reiteración y/o destrucción de pruebas.

Los abogados de Sànchez y Cuixart, Jordi Pina y Marina Roig, han alegado ante la sala que el argumento de la juez Lamela de enviarles a prisión por miedo a que volvieran a delinquir ya no se sostiene después de que el Parlament aprobara la DUI y el Gobierno aplicara luego el artículo 155.

"Hemos alegado que las circunstancias en Cataluña han cambiado desde el momento en que su señoría acordó la prisión porque es conocido por todo el mundo que estando Jordi Sànchez en prisión se han sucedido una serie de hechos en los que él no ha tenido ninguna participación, como fue lo ocurrido en el Parlament y luego la aplicación del 155", ha dicho Pina tras la vista.

A su juicio, "el escenario político es muy diferente, es un argumento que cae por su propio peso", y lo ocurrido en las últimas semanas dificulta mucho "seguir manteniendo la tesis de que puede realizar alguna actuación de reiteración delictiva".

Los abogados han afirmado también que no existe riesgo de fuga, puesto que sus defendidos se presentaron cuando fueron llamados a declarar, y han destacado que, de hecho, ambos se encontraban en la prisión madrileña de Soto del Real cuando el pasado 27 de octubre se declaró la independencia.

En cuanto a su participación en la concentración frente a la Consejería de Economía el día 20 de septiembre cuando una comisión judicial procedió a su registro, los letrados han aportado grabaciones y material gráfico de esa noche. En esas imágenes, según las defensas, se muestra que Sànchez y Cuixart no impidieron la salida de la comitiva judicial, sino que, al contrario, la facilitaron.

Los letrados también han recurrido en la vista la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de estos hechos y han aportado para ello autos del juez de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, en los que ordenó intervenciones telefónicas y diligencias como el registro a la Consejería el día 20.

En esos autos, han destacado, el juez se declaraba competente para conocer de los delitos de rebelión y sedición, por lo que la causa se podría llevar en los juzgados de instrucción de Barcelona.

La juez les envió a prisión al asignarles el papel de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Con todo ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".