La Fiscalía quiere que entren ya a prisión Bárcenas y los condenados con más pena

Ese día, a partir de las 10:30 horas de la mañana, los magistrados decidirán la suerte inmediata de los esos 16 condenados el jueves a los que las fiscales Concepción Nicolás y Concepción Sabadell han situado en su punto de mira y para los que van a reclamar medidas cautelares, incluido el ingreso en la cárcel, sin esperar que el Tribunal Supremo convierta en firme la sentencia que condenó a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época del caso Gürtel.

En esa vista para decidir sobre la ejecución de la sentencia (conocida como del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) Anticorrupción estudia pedir el ingreso en la cárcel de todos o casi todos procesados que han sido condenados a penas superiores a los 13 ó 15 años, aunque podría haber excepciones atendiendo a las «circunstancias personales de los penados» y, sobre todo, a sus causas pendientes.

La elección de esa horquilla de pena para reclamar la entrada en prisión no es caprichosa. Los responsables de Anticorrupción quieren mantener en sus peticiones «coherencia» con sus actuaciones en las otras piezas de esta compleja trama Gürtel. Así, recuerdan, que en el caso de la pieza separada juzgada en Valencia sobre el stand de Fitur, la Fiscalía en febrero de 2017 demandó -y consiguió del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana- el ingreso en prisión de Francisco Correa; su número 2, Pablo Crespo; y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', tras una condena a cada uno de 13 años de cárcel.

La Fiscalía decidió no esperar a la sentencia del Supremo (que este mismo mes de mayo confirmó las penas) para pedir el ingreso en prisión, a pesar de que los tres procesados habían acudido puntualmente a sus citas con la justicia.

De mantenerse este listón, el lunes correrían grave riesgo de entrar en prisión nueve de los 16 señalados por la Fiscalía. Además de Bárcenas se trataría de: el exalcalde de Majadahonda del PP Guillermo Ortega (38 años y 3 meses); el exconsejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y 9 meses); el contable de la trama José Luis Izquierdo (17 años y 7 meses); el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (15 años y 2 meses); la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias (15 años y 1 mes); la administradora de empresas de la trama Gürtel Isabel Jordán (14 años y 10 meses); la exesposa de Correa Carmen Rodríguez Quijano (14 años y 8 meses); o el exalcalde de Pozuelo de Alarcón; y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses).

También están citados a esa misma vista, aunque con penas menores a la década de prisión: el presunto testaferro de la red Antonio Villaverde (8 años y 2 meses), el exedil de Estepona Ricardo Galeote (7 años y 10 meses); el exviceconsejero madrileño Carlos Clemente (5 años y 9 meses); la esposa de López Viejo, Teresa Gabarra (4 años); el exdiputado del PP Jesús Merino (3 años y 7 meses); el testaferro de Barcenas Iván Yáñez (3 años) y el exasesor de López Viejo Pedro Rodríguez Pendás (3 años).

En esa vista del próximo lunes, los abogados de los imputados deberán defender las razones por las que sus clientes no deben entrar en prisión hasta que el Tribunal Supremo, ante el que todos van a recurrir, convierta en firme la sentencia conocida el jueves.

La Sala valorará la capacidad reiteración delictiva, pero sobre todo el riesgo de fuga ante las elevadas penas dictadas y que en varios casos, entre ellos el de Bárcenas, podrían no ser las últimas condenas ya que está a la espera de otros juicios.

Anticorrupción, que se apresuró a demandar la convocatoria de la vistilla sobre medidas cautelares apenas supo de lo abultado de las penas, esperaba que la Audiencia Nacional fijara la de inmediato el cónclave para decidir sobre la entrada en prisión, sin dejar pasar el fin de semana, como finalmente ha hecho.

Fuentes fiscales recuerdan que ninguno de los condenados que siguen en prisión puede estar bajo vigilancia policial, ya que la Audiencia Nacional no adoptó ninguna medida preventiva para asegurar el cumplimiento de las condenas, como sí que ha hecho en otras ocasiones, poco antes de dar a conocer sus fallos.