La Audiencia Nacional condena a 'Anboto' a 61 años de prisión

En dos sentencias, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a «Anboto» por dar la orden y facilitar armas al denominado 'comando Itsasadar' de la banda terrorista para ejecutar ambos actos terroristas.

Sobre el atentado contra los policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao, la Sala señala que la acusada entregó a los miembros de ETA Agustín Almaraz y Aitor Fresnedo las armas con las que cometieron dicha acción el 13 de enero de 1995.

La sentencia explica que los miembros de la banda se dirigieron a los policías nacionales que custodiaban las dos entradas de las oficinas de expedición de los documentos de identidad y pasaportes en Bilbao y dispararon contra el agente Rafael Leiva, que murió en el acto, y contra Domingo Durán, que sufrió heridas de gravedad.

Por estos hechos, la Audiencia condena a 'Anboto' a 30 años de cárcel por delito de atentado terrorista con resultado de muerte y a otros 20 años por delito de asesinato frustrado.

En cuanto a la segunda condena, el tribunal considera probado que Soledad Iparraguirre, como jefa de los comandos de ETA, también dio la orden y facilitó el material necesario al mismo comando para que colocase un artefacto el 14 de septiembre de 1994 en la fachada de un banco de la calle Arretako Etorbiden de Getxo, que causó diversos desperfectos en las viviendas cercanas. Por ello, le impone 11 años de cárcel como cooperadora necesaria de un delito de terrorismo.

Soledad Iparraguirre fue entregada en otoño de 2019 por Francia, una vez cumplió condena allí por integración en asociación de malhechores, para responder en España a los 12 juicios que tenía pendiente.

Por el primero de ellos, el relativo al asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en Léon, el Tribunal Supremo ya ha hecho firme su condena a 122 años de cárcel.

Precisamente este miércoles se enfrentaba a otra de las vistas orales pendientes, en concreto por dar la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997, hechos por los que la Fiscalía le reclama 27 años de prisión. No obstante, el juicio se ha suspendido 'sine die' después de que la defensa solicitara la practica de nueva prueba.