La Audiencia avala la investigación contra la 'policía patriótica' por el espionaje a Podemos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso del que fuera número 2 de Fernández en aquellos días, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, contra la decisión de Pedraz de abrir una investigación tras la denuncia de Podemos contra el propio Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) del CNP Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas «investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial» sobre los rostros más conocidos que conformaban aquella organización política.

Según la información ya remitida por Asuntos Internos al juez de la Audiencia Nacional, durante los años 2015 y 2016 policías de la camarilla que dirigía el comisario José Villarejo consultaron en sus bases de datos sin orden judicial detalles sobre los expedientes de 55 diputados de Podemos entre los que se encontraban Pablo Iglesias, Ione Belarra, Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Íñigo Errejón o Irene Montero, entre otros.

En su recurso, Francisco Martínez señalaba que no debía admitirse a trámite la querella al basarse en veintitrés conversaciones mantenidas por whatsapp que fueron obtenidas en el marco de la causa de la 'operación Támden' contra Villarejo, abierta en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y en la que ya se había acordado la retirada de esos veintitrés chats y la prohibición de acceder a ellos.

La Sala argumenta en un auto que la querella no solo se basa en esos chats, sino también en los otros documentos aportados a la causa y en noticias publicadas en medios de comunicación. Añade que Pedraz ya ha acordado la práctica de diligencias, entre ellas solicitar al Juzgado de Instrucción 6 la información precisa para analizar la posibilidad de la unión definitiva de los chats a la causa, que llevará a cabo en una pieza separada donde también resolverá el eventual expurgo que proceda.

En otro auto, la Sala desestima el recurso de Podemos contra el auto de la admisión de la querella al haber dejado fuera de la instrucción determinados hechos y personas que la formación política pretendía que se investigaran.

Según la denuncia de Podemos que dio lugar a la causa de Pedraz que ahora ha sido respaldada por la Audiencia Nacional, el objetivo principal de ese espionaje era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

La instrucción de Pedraz transcurre en paralelo a la de la llamada 'Operación Cataluña', las investigaciones extrajudiciales y los montajes llevadas a cabo en el seno de la Policía Nacional a partir de finales de 2012, poco menos de un año después de la llegada de Rajoy a la Moncloa, para intentar desprestigiar, con pruebas reales o falsas, al independentismo catalán y en particular a CiU ante el temor de que el partido que entonces lideraba Artur Mas consiguiera mayoría absoluta en los comicios autonómicos e intensificara sus demandas independentistas al calor de la primera gran Diada separatista. Los documentos que obran en diferentes causas apuntan a que esta siguió activa hasta la segunda mitad de 2016, cuando fue desmantelada poco antes de la llegada al Ministerio del Interior de Juan Ignacio Zoido.