La Audiencia Nacional avala extraditar a dos rusos tras aceptar «garantías» del régimen de Putin

Uno de los presos que se encuentra a la espera de la resolución definitiva responde a las iniciales de Igor V. S. y fue médico y gerente-director del Instituto Estatal Autónomo de Salud y del hospital Mayan de la Región de Sverdlovsk. Está acusado por Rusia de malversación, blanqueo y hurto. Según el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuyo ponente ha sido Alfonso Guevara, el acusado desvió a sus cuentas dinero del hospital, malversó los fondos de la institución sanitaria y robó combustibles y lubricantes entre los años 2013 y 2018. El fraude total asciende a 32.700.000 rublos (439.000 euros). Cuando la justicia rusa comenzó a perseguirlo, el acusado huyó a España y fue detenido por la Interpol en Barcelona el 14 de mayo de 2021. Moscú, que lo había declarado en busca y captura, pidió entonces su extradición.

Pero el proceso ha coincidido con la guerra de Ucrania, que ha roto las relaciones entre el Gobierno de Putin y los países occidentales. Rusia, de hecho, fue expulsada del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que la deja fuera también de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, organismos que avalan la dignidad en el trato a los presos y facilitan la cooperación judicial entre Estados. Con este escenario, en los primeros meses del conflicto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional expresó sus reticencias a extraditar a detenidos a Rusia, pero ahora la situación parece haber dado un giro después de que Moscú haya ofrecido supuestas certezas de respeto a los derechos humanos de los detenidos.

Jurídicamente, el tribunal de la Sección Tercera solicitó «información supletoria» sobre las extradiciones a Rusia al Pleno de la Sala de lo Penal, conformado por todos los magistrados. En su respuesta, este órgano central recordó que con ese país, pese a su aislamiento internacional y a la ruptura de otros tratados, sigue sin embargo vigente el Convenio Europeo de Extradición de 1957. Y aunque «la autoridad judicial española no es ajena al destino» del detenido y «debe prevenir la vulneración de derechos fundamentales», el Pleno consideró que esos derechos están amparados por las «garantías complementarias» que la Fiscalía General rusa envió el 19 de agosto de 2022 sobre este caso.

En esas «garantías complementarias», Moscú se compromete a ofrecer al preso «todas las oportunidades para su defensa»; a no someterlo a «torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes»; a internarlo «en una institución que cumpla con las normas estipuladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»; a que los funcionarios de la Embajada de España en Rusia puedan «visitarlo para controlar que se cumplen las garantías»; a que «no se establecerá ningún tribunal especial» para juzgarlo; a que «no se le aplicará la pena de muerte»; a que las «condiciones de prisión no serán inhumanas o degradantes»; y a que «se garantizará su salud», entre otras.

Pero la medida más relevante, en el contexto actual, es otra: Rusia asegura que a Igor V. S. no le serán impuestas «penas de trabajos obligatorios, correctivos ni forzados». Y esta garantía, que da por buena la Audiencia Nacional, parece responder al gran temor que planteó ante el tribunal la defensa del detenido: que el régimen de Putin está reclutando «presos para servir en el ejército ruso en Ucrania».

Persecución política

De cualquier forma, la abogada del médico acusado expone que los argumentos planteados por Rusia son «insuficientes» porque el país ya no está sometido al Consejo de Europa ni al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que, sostiene, puede hacer que el extraditado sea condenado a cualquier tipo de trabajo forzado. La defensa dice, además, que existe una persecución política contra su cliente porque se opuso a que «el Ministerio de Sanidad fuera privatizado». Sin embargo, el tribunal rechaza estos razonamientos y avala su entrega.

Pero tanto en el caso de Igor V. S. como en el del otro detenido, Alexander Y., el administrador de una empresa constructora que supuestamente se quedó el dinero de los clientes, la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros, que aún no ha analizado los casos, según confirma un portavoz del Ministerio de Justicia.

En el Consejo de Ministros se debatirán los argumentos de la Audiencia Nacional frente a los que aporte Justicia e incluso, a a los del presidente del Gobierno. Mientras que el tribunal entiende que el compromiso de Rusia con la dignidad de los extraditados es sincero, Pedro Sánchez ha sido muy duro precisamente en lo que respecta a la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Putin. El 23 de agosto, solo cuatro días después de que Moscú enviara sus «garantías complementarias» al tribunal español, Sánchez aseguró en un foro internacional que Rusia comete «flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos». Por lo tanto, la pelota ahora está en el tejado del Gobierno.

Pero además, y en caso de que España apruebe finalmente el requerimiento ruso, la extradición se enfrentará a un importante problema logístico: no hay vuelos entre España y Rusia. El 28 de febrero, Rusia cerró su espacio aéreo para 36 países, incluidos todos los de la Unión Europea, y lo mismo hizo la UE respecto a los vuelos procedentes de ese país. La extradición implicaría acabar de algún modo con este veto, pero las circunstancias de la guerra hacen que esta circunstancia sea improbable.