El juez aboca al cierre de la causa por terrorismo contra Puigdemont al archivar el 'caso Tsunami'

La decisión de García Castellón, que suspendió sus vacaciones tras conocer el revés de la Sala de lo Penal de la Audiencia, supuso el el final de cuatro años y medio de pesquisas y un inesperado alivio para la docena de investigados en la Audiencia Nacional (diez) y el Supremo (Puigdemont y el parlamentario de ERC Ruben Wagensberg), que confiaban en que la ley de amnistía borrara los graves hechos que les imputaban. Sin embargo, no tendrán que esperar y ayer cantaron victoria tras el auto favorable de la Sección Tercera de lo Penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara.

Las diligencias del 'caso Tsunami' se abrieron en noviembre de 2019, días después de que el alto tribunal dictara la condena contra una docena de líderes independentistas, que conllevó graves acciones de protesta en distintos lugares de Cataluña lideradas por esta plataforma. Precisamente, la investigación de García Castellón en este cuatro años y medio (más de la mitad bajo secreto sumarial) se reactivó en medio del incipiente debate sobre la proposición de ley de amnistía tras las elecciones generales de julio de 2023.

Las pesquisas de la Guardia Civil, policía judicial en la causa, avanzaron a toda prisa y en noviembre siguiente le permitieron al juez elevar una exposición razonada a la Sala Segunda (Penal) del Supremo contra Puigdemont, que fue admitida a finales de febrero pasado. El tribunal que examinó los hechos, presidido por Manuel Marchena, avaló entonces abrir una causa al líder de Junts por la «pluralidad de indicios» acumulados por el instructor en este periodo de investigación.

Los magistrados consideraron -en contra del criterio de la Fiscalía del Supremo, que vio un delito de desórdenes públicos agravados y no terrorismo- que el procesado en rebeldía en la 'causa del procés' tuvo un «liderazgo absoluto» y una «autoría intelectual» en las acciones «violentas» del colectivo Tsunami Democràtic, que lejos de aplacar «animó a seguir con su conocimiento y consentimiento» desde su refugió en el palacete de Waterloo, Bélgica.

El tribunal de apelación de la Audiencia Nacional que dio ayer una estocada definitiva a la causa estimó el recurso presentado por la defensa de la investigada Marta Molina. El auto consideró que la prórroga decretada por García Castellón fue «extemporánea» y ordenó al magistrado que dictara una resolución en la que reordenara los indicios acumulados antes del 29 de julio de 2021, es decir, durante los 20 primeros meses, y decidiera en caso contrario el archivo de las actuaciones, como finalmente hizo.

El juez alegó sin éxito que el plazo de instrucción no llegó a expirar por el auto de 30 de julio de 2021 en el que acordó la prórroga, pero la Sala de lo Penal consideró este razonamiento como «contradictorio». «Aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga, sean cercanos (están separados por menos de 24 horas), es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo», respondió el ponente del tribunal de apelación, Carlos Fraile.

Es decir, por un error del juzgado de un día en resolver la prórroga de la investigación se fueron de un plumazo al traste casi tres años de diligencias de la Guardia Civil. Entre otros, los informes de actuaciones sobre las comunicaciones intervenidas a los investigados, sobre todo el documento final de primavera de 2023 que cercó a Puigdemont y a Rovira, y otras actuaciones de calado. Un panorama que llevó a García Castellón a tirar la toalla y a decretar el archivo provisional.

En su auto, el juez explica que antes del límite temporal acordado no se tomó declaración a los investigados, porque -entre otros motivos- la causa estaba bajo secreto. Por lo tanto, continuar con ella es inviable porque vulneraría sus derechos fundamentales. García Castellón comunicó su archivo a la Sala Segunda (Penal) del Supremo para que proceda también con Puigdemont y con Wagensberg.

Rovira podría volver ya a Cataluña porque no hay motivos para su detención, una vez que la orden en la causa del 'procés' (está procesada por desobediencia) también fue levantada por el magistrado Pablo Llarena. ERC aprovechó para cargar contra García Castellón por su «clara intencionalidad política».