La Audiencia de Madrid avala que Peinado siga con el grueso del caso contra Begoña Gómez

La esperada deliberación y fallo de la Audiencia se traduce en que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid podrá seguir indagando sobre el asunto que desde hace semanas se ha convertido en el centro de sus diligencias previas, esto es, averiguar si la creación exprés de la cátedra extraordinaria de la imputada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue el resultado de un trato de favor por ser la esposa de Pedro Sánchez. Solo hay un límite para Peinado.

Aunque la sala ha rechazado archivar la investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, como reclamaban la Fiscalía y la defensa de la mujer de Sánchez, sí que ha estimado parcialmente los recursos de ambas partes. Es por ello que acota la instrucción del magistrado, a quien ordena -como ya hizo en mayo- dejar al margen la supuesta vinculación de la investigada con Globalia, matriz de Air Europa, y el rescate de la aerolínea durante la pandemia, «en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada».

En la práctica, el auto de este lunes da luz verde a que el magistrado indague sin restricciones sobre si la decisión de la UCM de crear en otoño de 2020 la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de poner al frente de ella a Gómez -a pesar de que no es licenciada universitaria- fue fruto de un supuesto tráfico de influencias. Y si en esa decisión pesó el hecho de que la propia Gómez citara en Moncloa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, con el fin de pedirle la puesta en marcha de esa formación, que ha acabado retirada por el centro académico ante el daño reputacional que le está provocando.

En esa línea la Audiencia recuerda que ya avaló en mayo que el instructor investigase «toda aquella actividad desarrollada por Gómez» que estuviera relacionada con el «despegue de su actividad profesional» y «la ideación y creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva». Todo ello, «en relación con aquellos terceros (personas físicas, empresas o instituciones) que le han dado soporte, financiación, patrocinio, colaboración o ayuda, económica, logística, de formación, o de cualquier otro tipo».

La sección 23 de la Audiencia Provincial, en su auto de 23 páginas, sale en defensa del trabajo de Peinado con bastante contundencia frente a las acusaciones de la defensa de Gómez de ser víctima de una investigación «prospectiva» que está violando su derecho de defensa. «Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que pueda influir y determinar en su calificación», sostienen los magistrados.

Avalado por el tribunal, Peinado no solo va a poder seguir buceando en el ascenso académico de Gómez coincidiendo con la llegada de su esposo a Moncloa. El juez también podrá a hacerlo para dilucidar si el Gobierno pudo recompensar de alguna forma a Juan Carlos Barrabés, el empresario que ayudó a la imputada a levantar de la nada su cátedra. Y aunque los magistrados reiteran que la defensa de Gómez y la Fiscalía «llevan razón» al requerir la exclusión de Globalia de la causa, acto seguido afirman que ambas partes se equivocan cuando sostienen que la investigación de Peinado se quedó «sin contenido» después de que la Fiscalía Europea reclamara para sí las pesquisas sobre los 10,2 millones de euros que Barrabés se embolso en adjudicaciones públicas poco después de que Gómez le escribiera sendas cartas de recomendación para participar en concursos de la Administración central.

En ese punto, la Audiencia desmiente una de las tesis centrales de la defensa y del Gobierno para reclamar el inmediato carpetazo del caso: la de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartó cualquier indicio de delito en los concursos ganados por Barrabés. Rebate ese argumento «no del todo cierto» porque «nada tiene que ver» que esos procedimientos respondieran a la «dinámica habitual» con el hecho de que en 2021 y 2022 se le hubieran adjudicado a esa sociedad, Innova Next, «once contratos públicos con distintas administraciones» por 21 millones. La sala califica de, hecho, de «llamativa» y «significativa» la variación «cuantitativa y cualitativa» que experimentó el volumen de negocio del grupo Barrabés con la administración pública «en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los másteres» de Gómez.

La única buena noticia para Gómez y su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, es que la Audiencia sí que revoca parcialmente el controvertido auto en el que Peinado aseguró a principios de julio que iba a investigar todos los actos de la mujer del jefe del Ejecutivo desde que su marido llegara a la Moncloa. Este tipo de auto «no puede admitirse», dice, «en tanto en cuanto se redacta de una forma tan genérica e imprecisa».