La Audiencia investigará a diez exjefes de ETA por las «expulsiones forzadas» de amenazados

La ofensiva jurídica lanzada por la asociación encabezada por Daniel Portero, el hijo de fiscal asesinado, tipifica el atentado perpetrado hace casi 23 años como un delito de asesinato «en conexidad» con otro consumado de coacciones y amenazas terroristas, por los que pretende que la justicia persiga y condene llegado el caso al citado 'Iñaki de Rentería'. También están denunciados Javier García Gaztelu, 'Txapote', uno de los integrantes del 'comando Donosti' que ejecutó a Blanco; Juan Antonio Olarra Guridi; o Ainhoa Múgica Goñi, todos destacados miembros de las cúpulas etarras que tomaban las decisiones. El colectivo de Portero identifica a Pedrosa como la víctima de una estrategia instrumental y ejemplarizante, con la cual la banda armada iba colocando en la diana a sus distintos objetivos, que fue ampliando desde cargos públicos no nacionalistas a quienes señalaba como enemigos de Euskal Herria por su resistencia contra el terror, hasta obligarles a abandonar su tierra. Pedrosa no quiso hacerlo, y también se negó a que la custodia por guardaespaldas le coartara su vida cotidiana.

No hay ningún etarra condenado por el crimen, porque sus presuntos autores, el 'comando Vizcaya', murieron al estallarles los explosivos que trasladaban en un coche que reventó en el bilbaíno barrio de Bolueta. Aquel 2000 fue un año devastador para la lucha antiterrorista, que tuvo que enfrentar la cadena inclemente de atentados con los que una ETA rearmada rompió a sangre y fuego la tregua de Lizarra decretada en septiembre de 1998. La viuda del edil, Carmen Hernández, no se ha ido del País Vasco y ha participado en encuentros restaurativos con terroristas desmarcados de la violencia.

En su auto, el juez Alejandro Abascal se apoya en los dosieres elaborados por los servicios de información para determinar que ETA dispuso de una estructura jerárquica que resolvía y daba las órdenes en el entramado terrorista. Un comité ejecutivo, constata el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia, que «decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado».

El magistrado sostiene que hay evidencias suficientes para incoar un procedimiento penal y subraya que el atentado que costó la vida a Pedrosa es más que un acción terrorista. Porque evidencia, argumenta en su resolución, el carácter concursal y conexo entre el intento de expulsión y el propio asesinato que se produjo, tal y como la propia organización terrorista reivindicó en el Zuzen 79 (boletín interno)« contra los políticos responsables del aplastamiento de Euskal Herria»; y porque este crimen supone «una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente hasta el año 2011». Una estrategia llamada a extender el amedrentamiento y hacerlo «perdurar durante el tiempo».

Abascal acompaña su auto de la práctica de una serie de diligencias para tratar de aclarar la responsabilidad penal de los exjefes de ETA señalados en el asesinato del concejal de Durango. Entre ellas, mandata a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que elabore un informe que incluya las acciones de amenazas, coacciones y hostigamiento cometidas contra militantes de partidos políticos constitucionalistas en el periodo de tiempo inmediatamente anterior, simultáneo y posterior al atentado contra Pedrosa «debiendo evaluarse en concreto si, como consecuencia de ese clima intimidatorio, dichas personas pudieron abandonar el País Vasco». La pretensión del instructor es esclarecer si quienes integraban la cúpula etarra participaron en la muerte del edil «bien como autores mediatos», bien por «comisión por omisión».